Según el presidente del Tribunal de Cuentas la Ley de Transparencia bajará la corrupción
Manuel Núñez ha hecho estas declaraciones en León momentos antes de pronunciar una conferencia titulada «Ética y transparencia en la gestión pública» en la Facultad de Derecho
El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, ha considerado hoy que el cambio legislativo propuesto por el Gobierno y que se articularía en la Ley de Transparencia para exigir responsabilidades penales a los gestores que incumplan los presupuestos será positivo en la lucha ante la corrupción política.
Núñez ha hecho estas declaraciones en León momentos antes de pronunciar una conferencia titulada «Ética y transparencia en la gestión pública» en la Facultad de Derecho con motivo de la festividad de San Raimundo de Peñafort, patrono de los abogados.
Para él, esta iniciativa propuesta hace dos días por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, cumple una petición que el Tribunal de Cuentas ha realizado al poder legislativo en varias ocasiones y servirá para lograr una «austeridad en el gasto» y que «nadie pueda derrochar más de lo que se ingresa», ha comentado.
«Lo que más preocupa a los ciudadanos en estos tiempos es la ética y la transparencia en la gestión pública» y el planteamiento propuesto por Montoro es «uno de los remedios para aumentar la credibilidad del poder político», actualmente muy dañada, ha añadido.
Según ha descrito, esa Ley de Transparencia cumpliría con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Española, que recoge que «la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho».
El presidente del Tribunal de Cuentas ha agregado en este sentido que consideraba «necesaria» una medida para que «se fiscalizase la elaboración de los presupuestos».
Por ello ha valorado la propuesta de potenciar el sistema de sanciones mediante «una serie de fórmulas de gestión y control» como las que plantea esa Ley de Transparencia ya que, de este modo, los gestores públicos sabrán que «no solo tienen responsabilidades políticas, sino penales», ha concluido.