Silencio en las empresas acusadas de las adjudicaciones a dedo en la Policía

Las empresas a las que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) acusa de haber recibido adjudicaciones a dedo en las obras del cuartel de la Policía Nacional en San Andrés del Rabanedo, Vías y Construcciones S.A. y Tecnum Consulting de Ingenierías S.L. declinaron ayer la posibilidad de explicar su versión de los hechos.

En el primero de los casos, pese a los reiterados intentos de este periódico, ningún responsable de la compañía accedió a valorar la cuestión mientras que en el segundo, se emplazó a este medio a contactar con el delegado para la zona, que se encontraba de viaje: «No podrá atenderles hasta mañana (por hoy) o pasado», explicaron fuentes de la empresa.

El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid abrió unas diligencias previas que ha declarado secretas para investigar la existencia de una supuesta trama en el seno del Cuerpo Nacional de Policía para amañar concursos y hacer adjudicaciones a dedo de obras y reformas en instalaciones de la institución.

En el caso de San Andrés del Rabanedo, el Sindicato Unificado de Policía concede verosimilitud a la denuncia que explica que Vías y Construcciones, que se hizo con el concurso para la realización de obras varias en la Comisaría de Policía Nacional, por un montante de algo más de 48.808 euros pero se subcontrató por valor de 6.313 euros un informe sobre un estudio de patologías elaborado por un ingeniero. El sindicato incluye en su denuncia un apartado en el que explica que las «deficiencias y vicios ocultos por parte de los arquitectos y redactores de la obra, ARX Arquitectos, han necesitado una inyección de dinero público para resolver problemas de mala ejecución y errores proyectuales. Sin embargo no se les pide ninguna responsabilidad, aunque en la calle habrían respondido con sus seguros profesionales».

ARX lo niega. Un portavoz autorizado de ARX Arquitectos negó ayer este periódico la necesidad de redactar este informe «porque no había ningún problema de vicio como ahí se dice ni se necesitaba comprobar el estado de las flechas (la estructura del edificio) porque los cálculos fueron correctos y en ningún caso se generó ningún tipo de incidencia», explicó esta fuente de la empresa, a la que también se adjudicaron las obras de Cáceres, Usera y Canillas (ambas en Madrid), igualmente inmersas en la denuncia remitida por un anónimo. «Nos sorprende el tema porque esta obra no es del año pasado ni de hace dos años, es como mínimo de hace cuatro o cinco».

La apertura de esta investigación se ha producido a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que ha visto posibles indicios de delito en esas adjudicaciones. El caso comenzó hace un mes, después de que una denuncia anónima sobre los supuestos contratos irregulares llegara a la Intervención Delegada de Hacienda

Para Asuntos Internos. Este organismo remitió el asunto a la Dirección General de la Policía que, a su vez, dejó el caso en manos de Asuntos Internos. Esta unidad, dada la gravedad de las acusaciones y tras constatar que la mayor parte de la denuncia se refiere a contratos efectivamente reales, puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público, que decidió judicializar la investigación