La Guardia Civil busca más ramificaciones y nuevos implicados en la estafa piramidal

Los agentes se llevan media docena de ordenadores de acusados por la principal sospechosa del caso.

Imagen de archivo de las oficinas de Caja España-Duero en el Alto del Portillo.

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M. a. zamora | m. c. cachafeIro león
León

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Agentes de la Guardia Civil de León procedieron esta semana a realizar dos registros en las instalaciones de los servicios centrales de Caja España-Duero en el Alto del Portillo y otro más en el domicilio de María C.S.V., imputada por un supuesto delito de estafa, en el marco de las operaciones de investigación que se llevan a cabo para determinar las responsabilidades existentes tras descubrirse una pirámide financiera ilegal con la que varias personas relacionadas con la entidad financiera podrían haberse hecho con alrededor de dos millones de euros.

Fuentes de Caja España-Duero han confirmado que el primero de los registros se llevó a cabo el pasado martes en la sede central de la Caja y que en el mismo se analizaron los ordenadores de media docena de personas a las que la principal implicada acusa ahora de estar al frente de la operación. De forma simultánea se llevó a cabo otro en el domicilio de la que fuera secretaria de cargos de dirección de la compañía en el Alto del Portillo, aunque no ha trascendido el resultado de las investigaciones que se llevaron a cabo en ambos casos, por cuanto de momento se sigue analizando el material obtenido.

María C. S.V. Es una empleada de Caja España a la que el juzgado de Instrucción número 1 de los de León ha ordenado investigar por su presunta participación en una trama financiera destinada a obtener dinero de clientes a los que se les prometía unos intereses extremadamente elevados, con cargo a productos financieros que no existían y por los que a mediados del verano pasado dejó de satisfacer las cantidades pactadas a sus clientes.

Investigación inicial. La Caja tuvo constancia de lo ocurrido cuando varios clientes se dirigieron a algunas de las sucursales para reclamar sus cantidades y la entidad comprobó que los productos en cuestión no existían. Tras una primera investigación, se decidió trasladar a la sospechosa a las instalaciones de la sucursal de Caja España-Duero en Michaisa y actualmente la hipotética autora de la estafa no tiene relación contractual con la Caja puesto que fue despedida tras permanecer suspendida de empleo y sueldo.

El montante de la estafa podría rondar los dos millones de euros y hay en torno a una treintena de personas afectadas, la mayoría de ellas amigos, conocidos e incluso familiares de las personas a las que ahora se investiga, que con aportaciones de entre 30.000 y 200.000 euros pretendían conseguir beneficios sencillos y rápidos a través de promesas de duplicar en un plazo de entre tres y seis meses las cantidades ingresadas, gracias a novedosos productos que en realidad eran falsos.

Fuentes de Caja España-Duero han confirmado que la investigación se llevó a cabo en varias dependencias de los servicios centrales y que los agentes de la Benemérita se llevaron varios ordenadores.

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Pertenecen a personas que supuestamente estarían implicadas puesto que en su primera declaración testifical ante el juez, María declaró que simplemente era una correa de transmisión de sus superiores y que al frente de la trama se encontraban personas «de mucha responsabilidad» en la entidad y que se sentía traicionada por quienes realmente dirigían los movimientos de la pirámide de inversiones.