Unicaja estudia ajustar la plantilla a través de la flexibilidad laboral

Tras el impulso definitivo a la absorción de Banco Caja España-Duero (Ceiss) por Unicaja Banco, que garantiza que la entidad con sede en León no tendrá que ser intervenida, queda ahora por negociar el necesario ajuste de la plantilla que conlleva la operación. La fusión entre Caja España y Caja Duero ya supuso la reducción de alrededor de 800 puestos de trabajo entre las dos entidades, pero para cumplir los criterios de viabilidad y el plan económico y financiero que se ha marcado la nueva entidad liderada por la caja malagueña será necesario de prescindir de una parte de los aproximadamente 9.400 trabajadores del nuevo grupo. Una cifra que aún no se ha cuantificado.

Más de la mitad de esta plantilla corresponde a la caja de Castilla y León. Una de las ventajas de este proceso de absorción es que ambas entidades prácticamente no coinciden en su implantación territorial, lo que evitará los cierres de oficinas por duplicidades en las mismas localidades.

Sin embargo, la reducción de los costes de personal es un objetivo que la nueva entidad financiera no puede eludir.

Los sindicatos con representación tanto en la caja andaluza como en la castellano y leonesa ya manifestaron ayer su oposición a que la reducción de la plantilla se haga de forma traumática (a través de despidos); pero también reconocieron que la operación era ineludible para garantizar el funcionamiento de ambas entidades en el marco del nuevo mapa financiero, que no descarta nuevos procesos de fusión a corto plazo.

Posibilidades. Ante esta situación, los sindicatos han reclamado la reunión urgente de la mesa que debe negociar las condiciones laborales y de reestructuración de plantilla de la nueva entidad financiera, que tendrá su sede en Málaga. Unas negociaciones que deben adaptar sus demandas a las exigencias del endurecimiento de las condiciones impuestas por el Gobierno para acelerar el saneamiento del sistema financiero.

Al margen del recorte de plantillas como se ha realizado tradicionalmente (sobre todo a través de prejubilaciones, una práctica que ha sido reiteradamente rechaza por el Gobierno y que las medidas para el recorte del déficit público hacen prácticamente inviable); la reforma laboral abre un nuevo escenario para llevar a cabo ajustes en los costes de la empresa sin acudir necesariamente a los despidos.

Eso sí, los trabajadores se verán inevitablemente afectados por estas medidas. A los sindicatos se les ha sugerido ya la posibilidad de utilizar medidas de flexibilidad laboral, que por otra parte se están utilizando ya en otras entidades financieras también en proceso de reestructuración.

Entre estas medidas se propondría la reducción de las jornadas, las suspensiones temporales de empleo y también las rebajas salariales, para hacer frente a la nueva situación de la entidad.

La negociación se retomará en pocas semanas.