El equipo de gobierno de la Diputación se defiende de las críticas de Prieto
Jaime González.
«Javier lleva tiempo fuera y, quizá, no sabe cómo fueron las cosas». El portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación, Jaime González, salió ayer al paso de las declaraciones de su compañero de partido y actual procurador y anunció para mañana una rueda de prensa para explicar toda la tramitación del proyecto de Esquí Golf Resort, a quien la Diputación tiene que pagar casi 4 millones por incumplimiento del contrato que ambas partes firmaron en el año 2005. «No se ha rescindido ni se ha incumplido ningún contrato», sentenció ayer González, en alusión a las palabras de García Prieto en las que dijo en su mandato no se produjo ninguna demanda, sino que fue después, ya con Isabel Carrasco al frente de la Diputación, cuando el proyecto acabó en los tribunales.
Para el actual portavoz, en estas dos últimas legislaturas, ya sin Prieto en la Presidencia, se ha intentado paliar «las consecuencia del contrato que se firmó en su día». No solo ha acabado en los tribunales el incumplimiento de los plazos para ejecutar el proyecto de 400 viviendas, un hotel, un centro comercial y un campo de golf, sino también otras infraestructuras complementarias como un polideportivo. «No se ajustaba a la legalidad y la Diputación tuvo que pagar 300.000 euros», recordó González.
«Es bastante osado cuando en la Diputación no hemos hecho otra cosa que recibir sentencias», añadió González, que insistió en que, gracias a los recursos de la Diputación, los 12 millones iniciales que reclamaba la empresa Esquí Golf Resort se han quedado en 4, según el fallo de la Audiencia Provincial.
El portavoz del PP en la Diputación también criticó que se hagan valoraciones desde fuera cuando el equipo de gobierno no ha hecho ninguna. «No nos parece lo más conveniente».
«Si hay un responsable en todo esto, no está ni en este equipo de gobierno, ni en el de la anterior legislatura», añadió.
La sentencia de la Audiencia Provincial condena a la Diputación porque tenía que haber facilitado la luz necesaria para la urbanización y no lo hizo, al no construirse una línea de alta tensión. La empresa, por su parte, tendrá que devolver a la institución 13 de las fincas que le compró para el proyecto.