Javier Amoedo: La Administración puede vernos como una institución incómoda

El Procurador del Común, Javier Amoedo, afirma que la Administración puede percibir la institución que dirige como un elemento incómodo, una visión que no comparte porque asume la función del defensor del pueblo como la de un «colaborador» externo del poder público, al servicio de la ciudadanía.

Amoedo, que fue reelegido en el cargo el pasado martes con el apoyo de las cuatro fuerzas políticas de las Cortes, destaca en una entrevista con Efe el buen momento de la institución, que ha registrado en el primer trimestre del año ochocientas quejas, cuando en todo 2011 se estudiaron alrededor de 2.400.

Admite que la situación económica contribuye al aumento de las reclamaciones de los ciudadanos, pero opina que ese crecimiento supone un «índice muy pequeño».

En su opinión, la confianza en la institución, que cada vez es más conocida, y la alta cantidad de resoluciones que se aceptan por parte de las administraciones, un 76 por ciento, anima al ciudadano a acudir a ellos para plantear sus quejas.

Uno de sus retos para la legislatura es la modificación de la Ley del Procurador del Común, con el propósito de conseguir una mayor colaboración por parte de las administraciones. En este sentido, lamenta que haya algunas que no contesten sus requerimientos, lo que le obliga a archivar los expedientes por falta de información «vulnerando el derecho del ciudadano».

Preguntado por la conveniencia de que sus decisiones fueran vinculantes para la administraciones, opina que estas no deberían quedar supeditadas al criterio personal del procurador del común.

Expone que las resoluciones de los jueces tampoco son vinculantes mientras quedan apelaciones. «Para que las decisiones del procurador fueran vinculantes habría que establecer un sistema de recursos que sería imposible», añade.

Por ello concluye que sería mejor dejar las cosas como están y apostilla: «¿Por qué voy a imponer yo mi criterio sobre el de la administración investigada? A lo mejor tiene razón». No cree que las reducciones presupuestarias vayan a repercutir desfavorablemente en la institución y afirma que «no van a ser un inconveniente para que siga actuando exactamente igual y con el mismo interés».

A su juicio, casos como el de Castilla-La Mancha, donde se suprimió el Defensor del Pueblo por razones económicas, son una excepción y señala que en el resto de las autonomías no parece que vaya a suceder lo mismo.

«Con la supresión del defensor se elimina una institución que defiende los derechos de los ciudadanos», incide Amoedo, quien recalca que la proximidad es «elemental» y que por ello León -donde tiene su sede- es la provincia que más quejas formula.

«El que un ciudadano de Castilla y León tuviera que acudir al Defensor del Pueblo (estatal) para presentarle sus quejas supondría una limitación o una merma de su derecho», argumenta. Así y todo, recuerda la complicada situación económica y que hay que asumir que los presupuestos tienen que ser bajos y la reducción de gastos, pero asegura que eso no va a influir en la buena marcha del sistema y de las propias instituciones.