San Andrés suspende el cobro del IBI a afectados por la recalificación del PGOU

El alcalde de San Andrés del Rabanedo, Gregorio Chamorro, decidió suspender cautelarmente el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles a todas aquellas personas afectadas por la recalificación de suelo, aplicada al entrar en vigor el Plan General de Ordenación Urbana y que hayan presentado un recurso en contra de la misma.

Con la nueva valoración, el suelo pasa de ser rústico a urbano con el correspondiente encarecimiento del IBI a pagar. De hecho, en algunos casos se multiplica por más de diez. Así, por ejemplo, una parcela rústica que pagaba 50 euros pasa a pagar casi 900 euros.

El regidor popular adoptó esta medida después de hablar con la asociación creada a tal efecto, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo de Castilla y León contra dicha recalificación teniendo en cuenta, además, que en la mayoría de los casos se trata de suelo que no se desarrollará en décadas. Por eso, estos vecinos no estarán obligados a pagar el IBI hasta que se conozca la resolución de este órgano.

Para acogerse a este medida, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ya giró parte de los recibos, dado que ya comenzó el plazo de pago del IBI, los afectados deberán presentarse en la oficina de recaudación municipal con el recibo que llegará a su domicilio, más el recurso que hayan presentado ante el Tribunal Económico y la solicitud de suspensión. La recalificacion afecta a más de 1.600 unidades en Villabalter, Ferral, San Andrés y Trobajo del Camino.

Gregorio Chamorro aseguró que tiene «que cumplir la legalidad que impone el PGOU», aún estando en contra del «afán recaudatorio» de dicho documento. Al mismo tiempo reconoció los derechos de los ciudadanos y, recordó, que el PGOU «que realizó el PSOE perjudica seriamente los intereses de los ciudadanos» que ven incrementadas de forma considerable sus cuotas.

 

Urbano sin servicios

Unión Progreso y Democracia ha sido la única formación política que ha respaldado estas reivindicaciones en los últimos meses, tras la aprobación de la Ponencia de Valor Catastral que recoge la actualización de los valores que tuvo lugar el pasado verano y sobre la que no hubo reclamaciones. «Pedimos entonces que se creara una oficina de atención al ciudadano y no se hizo y los vecinos no tienen porqué saber de un asunto tan complejo como este», afirmó Juan Carlos Fernández, que criticó el «oscurantismo» de los partidos políticos que «no han dedicado ni un segundo a este asunto tan importante de la economía doméstica».

El pasado 27 de marzo, el Catastro desestimó el recurso de reposición interpuesto en noviembre, por lo que un mes después UPyD junto con medio centenar de vecinos decidieron reclamar ante el Tribunal Económico. «Esta situación ha sido generada por el Partido Socialista, que fue quien diseñó el PGOU y solicitó a la Delegación Territorial del Catastro en León la revisión catastral», indicó Fernández que dejó claro que «al no ir acompañada de la adecuación de los servicios de tipo urbano para estas fincas, se ha hecho únicamente con fines recaudatorios»