«Los ayuntamientos no son causantes de la crisis, sino los que más la sufren»

—R. Blanco. En Castilla y León fiscalizaron las cuentas del 2010 sólo 1.608 de los 2.248 ayuntamientos existentes, un 62%. Nada más tomar posesión de su cargo inició una ronda de encuentros para exhortar a los alcaldes al cumplimiento de sus deberes, ¿cuál es el balance?

—Jesús Encabo. En nuestro ámbito de trabajo no sólo están los ayuntamientos, sino también las mancomunidades, los consorcios y las empresas públicas. En grandes cifras diríamos que Castilla y León tiene 2.248 ayuntamientos y en torno a 2.200 entidades locales menores, con León a la cabeza con 1.235. El resto son mancomunidades, unas 249, más consorcios, empresas públicas y entidades de carácter local que deben rendir cuentas. En total estamos hablando de cerca de 4.900. Queremos no sólo mejorar ese balance, sino llegar a todas ellas.

—Pablo Lago. En la situación de desastre de las cuentas públicas y el déficit acumulado, el organismo que preside adquiere mayor relevancia. Tal vez necesitaría un poco más de carácter sancionador o al menos de afear la actitud de quienes no cumplen.

—JE. Hay que tener en cuenta que la situación económica es muy difícil, pero al mismo tiempo hay que ser objetivo en el sentido de que los ayuntamientos generalmente son imputados como responsables de todo tipo de desajustes económicos y a veces no lo son tanto como se dice desde algunos ámbitos. Si valoramos lo que es la deuda de carácter local del conjunto de España, de las diputaciones y ayuntamientos, vemos que suma 40.000 millones de euros, cuando la de las comunidades autónomas supera los 140.000 millones o cuando la deuda pública soberana es cuatro veces superior. Sí, hay una mala situación económica en los ayuntamientos, pero no son evidentemente causantes de la crisis ni responsables de la deuda, sino más bien sufridores de esa situación. El mundo local, además de gastar con eficiencia y austeridad, debe tener una financiación adecuada a las importantes responsabilidades que tienen y a la prestación de servicios. La deuda de los ayuntamientos de España no llega al 4% del PIB. Hay ayuntamientos que gestionan mejor y otros que tienen una mayor deuda.

—PL. Por ejemplo el de León, paradigmático a nivel nacional…

—JE. En el caso concreto de León lo que he observado es que lleva desde el año 2006 sin rendir cuentas como debería haberlo hecho de acuerdo con la normativa aplicable desde el Consejo de Cuentas.

—PL. Pero no es entendible para un ciudadano que un ayuntamiento, en este caso el de León, no presente sus cuentas, que es su obligación, y haga lo que le da la gana y no ocurra nada cuando hay un órgano que se dedica precisamente a fiscalizar esas cuentas. Es lo mínimo exigible.

—JE. Todos tienen que ser responsables de sus obligaciones y en estos momentos lo que estoy haciendo al recorrer toda la Comunidad apenas dos meses después de haber accedido al cargo es analizar las motivaciones que puedan existir para no rendir cuentas. Evidentemente, la realidad de Castilla y León es muy singular, no tiene parangón con ninguna otra comunidad autónoma. Nosotros nos hemos propuesto hacer una campaña de concienciación y en eso estamos: en hacer saber que antes del 31 de octubre todo el mundo debe haber presentado sus cuentas anuales.

—RB. En el tiempo que lleva en el cargo se ha referido en más de una ocasión al Estado de las autonomías y al futuro de las diputaciones haciendo defensa de ambos pero también admitiendo que pueden rediseñarse las competencias y vincularlas a la financiación. ¿Cuál es su idea?

—JE. No es comprensible para el ciudadano de a pie que puedan producirse duplicidades desde el punto de vista competencial. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues de manera que nadie se quede al margen, excluido de esa reordenación del Estado, vinculando las competencias a la financiación. Es decir, si usted no tiene competencia no tiene financiación. Hoy en día ya sabemos lo que cuesta la competencia y la ventaja que tenemos desde el punto de vista autonómico es que también sabemos lo que cuesta la sanidad en Castilla y León y conocemos sus peculiaridades y las de la educación. No debemos considerar las comunidades autónomas como un impedimento sino como una oportunidad para mejorar la vida de los ciudadanos, que no tienen que sufrir las comunidades autónomas, sino tener una ventaja en ellas al disponer de una administración más próxima y más eficiente. El estado autonómico ha sido tremendamente ventajoso para Castilla y León y la prueba es que gozamos de los mejores servicios públicos sanitarios, educativos y sociales. Lo que hay que hacer es perfilar los marcos competenciales, pero también desde las administraciones locales, que se verían beneficiadas desde el ámbito de las llamadas competencias impropias.

—RB. Dice que Castilla y León lidera la gestión de servicios básicos como la sanidad o la educación en el conjunto de España y lo hizo hace unos días quizá respondiendo al debate abierto por la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el retorno de esas competencias al Estado. Acabamos de conocer que el 60% de los españoles son partidarios de recentralizar las autonomías mediante una redistribución de las competencias. ¿Qué reflexión le merece?

—JE. Lo que todos los ciudadanos quieren es que haya una mejor organización y en eso todos debemos estar de acuerdo: hay que mejorar la delimitación competencial. Lo que no puede ser es que alguien que no tiene competencia tenga el presupuesto para desarrollarla o para entrar en competencia con quien la tiene. A mí me parece un éxito lo que ha ocurrido en esta tierra: si nosotros no somos los que más gastamos, no somos los que más debemos y sin embargo tenemos los mejores servicios públicos, desde el punto de vista objetivo, estamos demostrando un autonomismo útil para los ciudadanos. Pero hay otro factor que índica el progreso: el índice de desarrollo humano, que es equiparable al de los países más avanzados y que no sólo se ve desde el punto de vista económico, educativo y de esperanza de vida. Esta comunidad autónoma ha demostrado tener una mayor convergencia con Europa, aunque todos nos hayamos empobrecido como consecuencia de esta crisis.

—PL. Usted habla de problemas identitarios y esta comunidad tiene uno que preocupa a los ciudadanos como también les preocupa algo muy importante que se ha convertido en un lastre para esta provincia y que es el asunto poblacional. Sin ánimo de generar agravio pero sí de comparar datos: Valladolid crece en población y León la pierde. Y ello va en detrimento del desarrollo de la provincia. ¿No cree que eso también genera algunos problemas estructurales?

—JE. Todos debemos ser conscientes de que hay desequilibrios interterritoriales e intraterritoriales que se acentúan en cuatro provincias: Zamora, Ávila, Salamanca, León y parte de Palencia. Nuestro Estatuto de Autonomía establece el Plan de Convergencia para luchar contra esos desequilibrios. El problema de ese plan de convergencia interior es que se ha visto dificultado por la penuria de ingresos que tienen la comunidad autónoma. Hay desequilibrios en la comunidad autónoma como también los hay introprovinciales. Hay que luchar contra ellos y hay instrumentos. Lo que pasa es que en estos momentos la capacidad política es muy poca.

—PL. Ya, pero lo cierto es que sólo hay un gran núcleo que crece y una provincia que crece…

—JE. Lo que sí es cierto es que las administraciones tienen menos recursos para afrontar ese problema del despoblamiento en algunas provincias. Hay medidas que se aprobaron hace años por las Cortes, pero muchas de ellas precisan un contenido presupuestario y ahora está muy dificultado por la prioridad que se ha dado a la prestación de esos servicios públicos esenciales. Seamos conscientes de que este año no tenemos Presupuestos y de que probablemente cuando se presenten han de ser armónicos con lo que se marque desde el Gobierno de España y de acuerdo con lo que se establezca en el Consejo de política Fiscal y Financiera.

—RB. La crisis ha avivado el vejo debate de la reorganización del territorio, alentado desde el Estado, pero también desde las comunidades y los ayuntamientos. En la provincia de León hay 211 municipios y algún estudio cifra el medio centenar como ideal. ¿Esa concentración municipal resolvería problemas de financiación y servicios?

—JE. Esta provincia es tremendamente peculiar en todo. Hay 211 municipios pero tenemos 1.235 entidades locales menores. En consecuencia, en primer lugar habría que plantearse qué ocurre con esas 1.235 entidades locales y después esa reorganización municipal. Yo creo que la situación municipal tiene que pasar por una coordinación, llámese mancomunidades o distritos, pero hay que procurar tener en el ámbito municipal una gestión mucho más eficiente dentro de los recursos disponibles, sin que ello vaya a suponer el abandono de los núcleos de población. Hay que respetar el hecho de que cada ciudadano tiene derecho a elegir dónde vive y la administración el deber de procurar el bien de sus ciudadanos. Yo creo que la ordenación del territorio es necesaria pero tampoco hay que enfocarla como un auténtico drama. Debemos llegar a fórmulas de entendimiento para que ese territorio responda a las demandas del siglo XIX.

—RB. No cree que el ciudadano tiene la sensación de que de un momento a otro se colgará el cartel de «cerrado por quiebra».

—JE. No. Yo creo que es el momento de lanzar un mensaje de esperanza. No se puede estar dando continuamente un mensaje pesimista, como se está haciendo desde algunos ámbitos. España ha salido de trances muy complicados y muy difíciles. Es cierto que esto puede ser, haciendo un paragón, la crisis perfecta, porque ha afectado a todos los sectores, pero en situaciones muy difíciles ya hemos salido adelante. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, pues como se ha hecho siempre: siendo austeros, trabajando, siendo mucho más eficientes y, por supuesto, teniendo un gran sentido de la solidaridad entre todos. Y esta tierra tiene muchas posibilidades porque tiene esos valores.

—PL. Pero no se sale adelante incrementado los impuestos indirectos…

—JE. El Gobierno está en una situación muy difícil desde el puno de vista de lo que es ajustar los ingresos y los gastos. No tiene capacidad de maniobra. Y yo en este momento lo que si tengo claro es que estamos dentro de la Unión Europea y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones en ese sentido.