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El Consejo de Cuentas da el visto bueno al balance económico del año 2011
Jesús Encabo muestra su sorpresa ante la elevada deuda del Ayuntamiento.
Jesús Encabo y Gregorio Chamorro antes de comenzar la reunión en el Ayuntamiento.
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, visitó ayer al alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro, en lo que constituyó la primera visita al municipio.
Un encuentro que fue aprovechado para comunicar la conformidad de las cuentas del ejercicio del 2011, enviadas por el Ayuntamiento a este órgano, algo que agradeció el alcalde de San Andrés. Chamorro destacó que poner al día las cuentas del Ayuntamiento está resultando un trabajo «muy complejo», ante la elevada deuda que tiene el consistorio y la cantidad de facturas sin pagar que ahora podrán hacerse efectivas gracias al crédito ICO.
Por su parte, Jesús Encabo, explicó al regidor que esta institución no sólo es fiscalizadora, sino que en los tiempos actuales también tiende la mano a la ayuda y a la colaboración con los ayuntamientos, de cara a que puedan realizar consultas sobre dudas o irregularidades que se detecten en contratos o servicios.
Chamorro también aseguró que Encabo mostró su «sorpresa» ante la delicada situación económica del Ayuntamiento y, sobretodo, por la elevada deuda.
En otro orden de cosas, Chamorro también anunció que la Concejalía de Hacienda está elaborando los presupuestos del 2012, una vez que ya se ha aprobado el crédito ICO de pago a proveedores. Respecto al estudio para la reducción del capítulo de personal, el regidor popular aseguró que aún no ha comenzado.
A este respecto se manifestó ayer Izquierda Unida que calificó de «inmoral» el gasto previsto de 95.000 euros en la auditoría externa que marcará dónde hay que recortar cinco millones de euros en el capítulo de nóminas, «dinero con el que se pagaría a tres trabajadores durante un año». Una cantidad que sumada a lo que costó el anterior documento de Relación de Puestos de Trabajo suma 120.000 euros «de todos». Por eso, Eloína Terrón exigió que «no se gaste ni un euro de dinero público en realizar este estudio ni en ninguna tramitación de este tipo». Izquierda Unida se preguntó por qué «hay que pagar a un despacho privado de abogados cuando lo deben hacer el equipo de gobierno y el personal técnico del ayuntamiento, que es más que suficiente y con sobrada cualificación».