La Junta impide que se reincorpore al trabajo el cabecilla de la trama solar

La Junta de Castilla y León ha denegado la reincorporación a su puesto de trabajo al anterior secretario de la delegación territorial de León, Javier Lasarte, por entender que la sanción administrativa que se le había impuesto desde el gobierno autonómico se mantiene vigente puesto que el recurso presentado por la vía contencioso-administrativa todavía no se ha resuelto.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de los de León le había reducido a solamente uno la sanción inicial de tres años de inhabilitación, pero la Dirección General de la Función Pública de la Junta, adscrita a la Consejería de Presidencia, firmó el pasado 28 de mayo una resolución por la que rechaza la reincorporación de Lasarte al cargo que pretendía ocupar y mantiene los tres años de suspensión decretados inicialmente. Entiende que la resolución judicial no es firme y que mientras no se resuelva el asunto en los tribunales, no hay argumento alguno para modificar la primera determinación.

Lasarte tenía previsto reincorporarse el pasado 17 de mayo a la Junta y en cumplimiento de la normativa vigente, solicitó ocupar un cargo de nivel 27, dos por debajo del que ostentaba antes de que se destapara la trama de los huertos solares por la que fue sancionado. Así las cosas, solamente se le podía adjudicar un cargo de confianza.

Técnico asesor

Actualmente ejercía como técnico asesor de la delegación provincial de Sanidad. Sin embargo, la Junta ha rechazado la petición y recuerda que el asunto sigue abierto en la vía de lo contencioso-administrativo y no se han dictado medidas cautelares al respecto. Por todo ello le emplaza a seguir cumpliendo la sanción.

Javier Lasarte fue sancionado en agosto del 2008 con la suspensión de empleo y sueldo por espacio de tres años como consecuencia de la aplicación de la Ley de Incompatibilidades. El que fuera secretario territorial de la Junta en León figuraba como gerente de una empresa dedicada a la explotación de «huertos solares», cuyas licencias conseguía para venderlas posteriormente a empresas que estaban realmente interesadas en la explotación del sector. El volumen de facturación con el que trabajaba se acercaba a los seis millones de euros.

Como consecuencia de la aparición de estas irregularidades, la Junta de Castilla y León decidió abrir una investigación, que culminó con tres ceses y nueve implicados, seis de ellos funcionarios y casi 400 autorizaciones de plantas de energía fotovoltaica investigadas. El entonces delegado territorial de la Junta, Eduardo Fernández, tuvo que revisar 396 autorizaciones para plantas de energía solar otorgados por el servicio de Industria.

Indagaciones

Los resultados de la investigación incluían el nombre de las empresas que habían obtenido las autorizaciones y su composición accionarial, además de cuándo se pidieron y cuándo se obtuvieron las autorizaciones y, por último, cuando comenzaron a funcionar esas plantas. Fruto de aquellas indagaciones, fueron cesados el ex secretario territorial, Javier Lasarte; el ex jefe de servicio de Industria, Emilio Pérez Tuñón; y la responsable de Fomento, Ana Isabel Suárez, y otros seis funcionarios del servicio de Industria, donde trabajan 109 funcionarios.