Urbanismo aumenta los controles para forzar el derribo de casas abandonadas
Inmuebles del Espolón o el casco antiguo han sido los primeros del nuevo plan.
Al fondo, casa de la calle Hospicio que ha sido derribada en el casco antiguo de León.
Las excavadoras han derribado en las últimas semanas algunas de las casas más ruinosas de la capital leonesa. Inmuebles cerrados y abandonados que seguían en pie pese a que no se remodelaban, lo que provocaba continuas protestas de los vecinos.
Es el caso de varias viviendas situadas en la calle Los Osorios, muy cerca de la plaza del Espolón, u otro en las inmediaciones de la gasolinera de San Francisco, en la calle Hospicio. En marcha existe otro expediente en la calle Dámaso Merino, y en la última Junta de Gobierno se aprobó también un expediente de ruina en la calle Las Cercas, número 26.
Y es que desde la Concejalía de Urbanismo que preside Belén Martín-Granizo se ha abierto una cruzada para que los edificios en ruina o abandonados sean derribados si no son subsanadas las deficiencias tanto en la fachada como en su interior. Ese seguimiento, con el grupo de inspectores que tiene el Ayuntamiento de León a pie de calle, hace que se esté más encima de los propietarios a la hora de tener al día todas las licencias tanto de seguridad como de salubridad, lo que hace que algunos de ellos opten por echar abajo la casa.
Aunque no es el mejor momento para la construcción, se empieza a hacer porque, según recuerda la concejala de Urbanismo, Belén Martín Granizo, los propietarios tienen «la obligación» de tener sus inmuebles en perfectas condiciones.
Objetivo prioritario
Martín Granizo reconoce que la tarea «no es fácil». «Cuesta, pero es necesario», insiste. En este tipo de viviendas se dan circunstancias de todo tipo. Algunas veces no se arreglan por discrepancias entre distintos propietarios; en otros, existe hasta «picaresca» para echar a inquilinos de renta antigua, procesos judicializados o simplemente no se quiere asumir el coste de las reparaciones necesarias.
Incluso se dan casos de presencia de okupas, lo que añade nuevos problemas de seguridad. Todos los años, explica la concejala, el Ayuntamiento realiza un informe sobre el número de inmuebles de la ciudad con más de 40 años. Esos edificios tienen que pasar por ley una inspección técnica, lo que también provoca que sus dueños opten por derribar ante el cúmulo de exigencias.