El Gobierno prevé sacar de la seguridad social a los cuidadores no profesionales
Estudia cambiar el convenio de la Ley de Dependencia que benefica a 2.628 leoneses.
Un grupo de voluntarios ayuda a discapacitados en silla de ruedas.
El Gobierno prevé sacar fuera de la seguridad a los cuidadores no profesionales de personas dependientes. El director general del Imserso, César Antón Beltrán, asegura a este periódico que el Gobierno apuesta por por poner a disposición de la dependencia los 1.047 millones de euros que se destinan a pagar las cuotas de 176.000 cuidadores no profesionales en toda España. «La ley preveía un convenio especial de cuidadores no profesionales en situaciones excepcionales, pero se ha convertido en lo más mayoritario. Es una cantidad considerable que además, ha generado deuda a la seguridad social. Queremos que ese dinero se destine al cuidado de los dependientes».
En la provincia de León hay 2.628 cuidadores no profesionales dados de alta en la seguridad social, un 76% más que en el 2009, en los que estaban con este régimen 372 cuidadores.
León es la provincia de la Comunidad con más cuidadores no profesionales dados de alta, seguida de Valladolid, con 1.888.
Antón apuesta por revisar este convenio especial que se pensó en la Ley de Dependencia para los familiares cuidadores hasta el tercer grado o, sin grado de parentesco, cuando la persona en situación de dependencia tenga su domicilio en un entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, la despoblación, o circunstancias geográficas o de otra naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención.
Servicio profesionalizado
«Hay que pararse a reflexionar y se valorará si estas altas tienen efectos positivos para el cuidado de las personas dependientes», asegura César Antón, que afirma que durante su paso por la Consejería de Familia y Servicios Sociales de Castilla y León «nadie sabía que esas altas estaban fuera del dinero que se nos decía que se dedicaba a la dependencia». El consejo territorial estudia la propuesta. «La persona dependiente tiene que estar atendida en los centros especializados», asegura.
En esta línea está también Castilla y León. El director general de los servicios sociales de la Junta, Jesús Fuertes, asegura que la Comunidad está evaluando la aplicación de la Ley ante los recortes como consecuencia de la crisis económica. «Es prioritario atender a los grandes dependientes. Los cuidados en el entorno se utilizan más de lo previsto. Entendemos que es mejor el servicio profesionalizado.
El director general de la Junta insiste en que los convenios deben ser la excepcionalidad. «El dinero no debe ir a mejorar la situación familiar. Siempre que podamos tenemos que ir a una atención más profesional y con la prioridad de atender los grandes dependientes».