| san andrés |
IU denunciará ante la Fiscalía el contrato de Cefiro
Exige que se investiguen las posibles irregularidades que obran en el expediente.
La portavoz de Izquierda Unida en San Andrés, Eloína Terrón, anunció ayer que trasladará a la Fiscalía el expediente del contrato de la empresa encargada del mantenimiento del alumbrado público y la calefacción en San Andrés, para que aclare si existen o no las presuntas irregularidades denunciadas por el equipo de gobierno y contenidas en el expediente al que ha tenido acceso esta formación política.
«Izquierda Unida pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, como representante de los intereses públicos, la información que tiene sobre el expediente de la empresa Cefiro para que abra una investigación que clarifique y ponga luz y taquígrafos en el contrato que mantiene o ha mantenido el Ayuntamiento de San Andrés», anunció Terrón. Dio a conocer que, según la información facilitada por el Consistorio, la empresa Cefiro «está facturando más puntos de luz de los realmente existentes». Añadió que tras un exhaustivo recuento encargado al servicio técnico del Ayuntamiento, «se ha encontrado con que la empresa factura por el mantenimiento de 5.148 puntos de luz, mientras que los que se han constatado son aproximadamente unos 4.715». A mayores, Terrón calculó que si el coste por cada punto de luz es de 2,70 euros aproximadamente al mes, esto supone un coste total de más de 12.000 euros al año «que se están pagando de forma injusta».
Otro de los motivos que ha llevado a IU a tomar esta decisión es que, según el expediente, existe un camión-grúa que se paga desde el año 2002, «cuando aun no se había aprobado su adquisición, que se hizo el 26 de marzo de 2003 y realmente no se recepciona hasta el año 2004».
El contrato con la empresa Cefiro nació bajo la modalidad de contrato de gestión de servicios públicos, por lo que su duración era de 75 años. Pero, según el informe del propio Interventor General del Ayuntamiento ese contrato debía considerarse de servicios, por lo que su duración es de cuatro años con prórrogas incluidas. El Ayuntamiento considera que el contrato ya expiró porque no se ajusta a los términos de la legislación vigente.