Los trabajadores de la Junta lanzan una ofensiva contra los últimos recortes

Con la presencia de más de cuatrocientos empleados públicos de la Junta, que completaron el aforo del salón de actos de la delegación territorial de León, hasta el punto de bloquear la entrada de acceso al mismo, se celebró ayer la asamblea general de funcionarios y laborales.

El punto estrella en el orden del día fueron las medidas a adoptar en defensa de los servicios públicos y contra «las políticas agresivas» hacia los derechos de los funcionarios que las prestan.

En el manifiesto presentado en esta asamblea general, con diez puntos en el orden del día, destacan la petición de restituir la jornada laboral de 35 horas así como la convocatoria de concentraciones permanentes todos los viernes a las 11 horas, en la que se recorrerán «muy lentamente» todos los pasos de cebra aledaños al edificio de la Junta, y concentraciones también todos los jueves, éstas en la Plaza de San Marcelo a las 19 horas.

A la mesa de la asamblea asistieron varios representantes de las juntas de personal y comités de empresa de diferentes Administraciones Públicas, también, Manuel Martínez y Laura López, Presidente y Secretaria respectivamente de la Junta de Personal Funcionario de Servicios Territoriales de León.

Tras la presentación se recordó a los asistentes que el principal cometido de estos órganos de representación de los empleados públicos es la defensa de los intereses socio-laborales de los mismos, tanto individual como colectivamente, así como velar por la observancia y cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público en el que se engloban el derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional o el derecho de reunión, y demás normas concordantes, así como del Estatuto de los Trabajadores.

Tras agradecer la asistencia masiva de los trabajadores de la Administración Autonómica, se presentaron, con el respaldo mayoritario de la Asamblea un total de 10 propuestas, además de las antes mencionadas, entre las que recalcan la devolución de todas las competencias de las empresas públicas «sometidas al derecho privado» a la administración general de la Junta, eliminándose «el actual sistema de administraciones pararelas y duplicadas». Se mostraron así tajantes en contra de la privatización de los servicios públicos.

Otros de los puntos tratados fue el rechazo «por la continúa sangría en la pérdida de poder adquisitivo, que repercute negativamente en el consumo diario básico».

A su vez piden al gobierno de la Comunidad que «rectifique y repare las demenciales medidas antisociales decretadas por el Gobierno central», invitándole a restituir y mantener unos servicios públicos de «calidad».

Para finalizar expresaron su indignación con «unos políticos que no han hecho ni un solo sacrificio, cebándose en el maltrato y privación de derechos laborales y sociales de los empleados públicos».

En la provincia de la León hay actualmente 31.000 funcionarios.