EL AYUNTAMIENTO DESPUÉS DEL FUEGO | LA ACTIVIDAD MUNICIPAL
El PP recobra el día a día con críticas al PSOE por una factura de 124.000 euros
El Ayuntamiento debe pagar los intereses de demora de ayuda a domicilio en 2009
El Ayuntamiento de León recobró ayer la actividad diaria no sólo con la Junta de Gobierno sino también con reuniones del ARI y la mesa paritaria de Personal después de una semana centrada en la reconstrucción de los daños del incendio del edificio de Ordoño y la recolocación del personal afectado.
La celebración de la Junta de Gobierno, además de los dos decretos relacionados con la tramitación del seguro del incendio, dejó un tema para la polémica. Y es que el equipo de gobierno recibió ayer un nuevo «recado» de la herencia del anterior gobierno al tener que pagar 128.000 euros por no haber acometido en su día el pago de los intereses de demora que reclamaba la empresa Domicilia por servicios de ayuda a domicilio en 2009. Así lo acordó la Junta de Gobierno a la vista del expediente, que no fue contestado por el anterior equipo de gobierno, que optó por el silencio administrativo, según explicó el portavoz municipal, José María López Benito, en la posterior rueda de prensa.
Este pago se suma a otros contratos puestos en evidencia por el actual equipo de gobierno en el último año.
En otro orden de cosas, la mesa paritaria de Personal dejó el acuerdo por el que los trabajadores municipales no sumarán al descuento que había puesto en marcha el Ayuntamiento a la supresión de la extra de Navidad acordada por el Gobierno de Mariano Rajoy para todos los funcionarios públicos.
Según explicó López Benito, los empleados municipales no se verán «perjudicados» ya que se ha llegado a un acuerdo para revisar las percepciones anuales de cada trabajador, con el fin de aplicar una fórmula que deje la rebaja en la supresión de la paga extraordinaria y no sume la reducción del 4% aplicada por el equipo de gobierno desde julio.
El portavoz municipal dijo ayer que se ha buscado una «compensación» que es consecuencia de un «complejo cálculo matemático trabajador por trabajador» para hallar la mejor fórmula y que ambas medidas de ahorro del gasto público no se solapen para no «perjudicar ni a ciudadanos ni a trabajadores».