La empresa del AVE de Palanquinos a Onzonilla echa a 7 de sus 10 empleados
Corsán-Corviam, la empresa que tenía contratadas las obras de la alta velocidad entre Palanquinos y Onzonilla, ha despedido de su oficina de obra a siete de sus diez trabajadores, según fuentes de los afectados, dentro de un plan de ajuste que afecta a toda su plantilla, si bien, de momento, no ha afectado a la otra adjudicación que tiene en la provincia, el edificio de Araú en Trobajo del Camino.
En un comunicado, la comisión negociadora explica que Corsán-Corviam (Grupo Isolux Corsán) presentó el 4 de septiembre un expediente de extinción que afecta a 163 trabajadores en España «por supuestas razones técnicas y organizativas», que los trabajadores tachan de «arbitrarias y contradictorias».
A su juicio, la empresa pretende aprovechar las facilidades de la actual reforma laboral para «abaratar exponencialmente» las indemnizaciones que hasta la fecha ha venido ofreciendo a empleados que han ido abandonando la compañía en los dos últimos años, más de 670 trabajadores, que han recibido 45 días por año de indemnización. La propuesta de la compañía es ahora de sólo 5 días más al mínimo legal, «a pesar de los grandes beneficios obtenidos en los últimos años».
Además, añade la nota, «la empresa ha facilitado la relación nominal de afectados el mismo día del inicio de la negociación en un intento de desnaturalizarla y con la intención de dividir a los trabajadores y trabajadoras, al pretender hacer de un problema general uno particular, demostrando desde el principio lo que esta parte considera una actuación de mala fe».
«La intención de la empresa va más allá al intentar desvirtuar el objeto de la negociación durante el periodo de consultas, al no cumplir con lo establecido legalmente por cuanto que su intención no es minimizar el impacto del ERE, sino plantear exclusivamente una salida económica para los afectados cerrando alternativas a las extinciones», como bien podrían ser suspensiones, reducciones, recolocaciones...
Esa «mala fe» se pone de manifiesto también, según la comisión negociadora, en las «situaciones inverosímiles» que se han encontrado, como el hecho de que se propongan extinciones en delegaciones con una actividad del 100%, como Galicia o el País Vasco. Esos despidos, según los representantes de los trabajadores, abocarán a la externalización o la subcontratación de actividades «pervirtiendo la objetivación y el objeto de los Eres».