Los fiscales podrán ordenar practicar exhumaciones sobre los niños robados
Una circular trata de unificar criterios para buscar una respuesta común en el país.
La Fiscalía General del Estado envió una circular a todas las Fiscalías indicando que podrán ordenar exhumaciones de restos de recién nacidos y practicar pruebas de ADN en las causas de niños robados sin necesidad de autorización judicial, además de poder calificar los hechos de detención ilegal.
La circular fue emitida con el fin de «unificar los criterios jurídicos en las causas de niños robados para ofrecer una respuesta común que permita investigar el más amplio número de casos, aun los más remotos en el tiempo», según informó ayer la Fiscalía General del Estado en un comunicado. La intención es dar «la máxima protección posible a las víctimas de estas prácticas» que se produjeron en diferentes hospitales españoles, fundamentalmente entre los años 1950 y 1990.
En esa circular, la Fiscalía recuerda que para aclarar estos hechos, que «a primera vista revisten trascendencia penal», los fiscales deberán abrir diligencias de investigación «antes de promover la acción de la justicia».
De este modo, se incoará una diligencia por cada hecho denunciado, por lo que se desaconseja «tramitar de forma conjunta una pluralidad de hechos cuando no concurra ningún indicio que los permita considerar conexos». En el seno de esas diligencias, los fiscales están autorizados para ordenar la exhumación de restos de recién nacidos fallecidos, y practicar las pruebas de ADN, sin necesidad de requerir la autorización judicial.
Con el fin de permitir la investigación de conductas tan graves, la Fiscalía General entiende que los fiscales podrán también calificar la sustracción de niños recién nacidos como un delito de detención ilegal.
Las víctimas del robo de recién nacidos y de adopciones irregulares se congratulan de la circular. El abogado Enrique Vila, representante de SOS Raíces y SOS Bebés Robados indicó ayer en un comunicado que las víctimas están satisfechas de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, «haya cumplido con un compromiso adquirido hace tiempo».