Gutiérrez se gasta 151.350 euros en el asesoramiento externo para los despidos
El PP, que criticó la contratación privada para el IBI, recurre a una empresa para hacer la reorganización.
Nuria Lesmes, concejala de Personal, junto al alcalde de León, Emilio Gutiérrez.
El mismo PP que criticó que en el mandato anterior se contratara a una firma externa para el recurso de la anulación del IBI y de la paralización del tranvía, en los que se gastó cerca de 80.000 euros, cerrará el expediente de regulación de empleo y la reorganización laboral del Ayuntamiento de León con el desembolso de 151.350 euros para el asesoramiento jurídico del proceso que ha terminado con casi 200 trabajadores despedidos, entre rescisiones y amortizaciones de plazas en excedencia. Una cifra destacada que contrasta con la filosofía propugnada por el alcalde, Emilio Gutiérrez, quien en los pasados meses incidió en estas críticas e incluso justificó su operación para liquidar la sociedad León Alta Velocidad, gestora de la integración del AVE, con el argumento de que ese trabajo que hacía la estructura gerencial podía ser desempeñado con personal propio de la casa. Ahora, en cambio, se acoge a empresas privadas para llevar adelante toda la reordenación de la plantilla.
La suma sale de los dos contratos que el Ayuntamiento de León ya ha firmado, ambos con la firma Baker & McKenzie, y otro que se mantiene pendiente de adjudicación. Una fragmentación de las labores que empezó en mayo, cuando se adjudicó a este bufete nacional la apertura del asesoramiento jurídico para la regulación laboral del ERE, en la que había participado desde el principio, con un coste de 14.000 euros.
El segundo contrato se adjudicó en septiembre, después de un procedimiento negociado sin publicidad en el que se invitó a tres empresas: KPMG, Rivero & Gustafson y Baker & McKenzie. Un compromiso por valor de 70.800 euros —60.000 euros más IVA— que volvió a recaer en Baker & McKenzie, que había continuado con sus labores desde el contrato anterior. La empresa cuyos asesores han escoltado a la concejala de Personal, Nuria Lesmes, incluso en las mesas negociadoras con los sindicatos, en las que incluso llegaron a llevar la voz cantante, mientras los letrados municipales se mantenían en un segundo plano. Un bufete externo que también se mantienen como asesora en el proceso de liquidación y paso del servicio de recogida de basura y limpieza viaria de la empresa Urbaser a gestión directa de la administración municipal.
Contrato pendiente
La operación se cerrará ahora con un nuevo contrato que se encuentra pendiente, por un tipo de licitación de 66.550 euros —55.000 euros más IVA—, lo que permite volver a acudir al negociado sin publicidad, permitido para contratos de servicios inferiores a 60.000 euros. Un límite que se habría rebasado y hubiera obligado a convocatoria pública abierta si se hubiera hecho en un solo contrato de 151.350 euros.
Un nuevo contrato que espera adjudicación incluso después de que el último Pleno diera por cerrado el ERE. Pese a ello, en la convocatoria se hace contra que los servicios servirán para «el asesoramiento en la defensa de las actuaciones municipales llevadas a efecto en el expediente de regulación, en los recurso judiciales que se han presentado, en la ampliación del despido colectivo —aunque se ha recalcado que no habrán más despidos dentro de este ERE—, en el procedimiento administrativo y de Seguridad Social para el reconocimiento de contratos temporales encadenados como indefinidos, en el análisis de alternativas para la reducción de costes laborales, en la revisión y reordenación de los puestos de trabajo del personal funcionario y en la planificación y estudios previos necesarios para la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal laboral».