Los usuarios de residencias juveniles pagarán en función de sus ingresos
Los usuarios de las residencias juveniles de la Junta de Castilla y León pagarán a partir del próximo curso «un precio individualizado en función de su capacidad económica», según establecerá el nuevo Decreto de Precios Públicos para estas instalaciones en el que ya trabaja la Administración autonómica con el objetivo de aprobarlo durante el primer semestre de 2013 para empezar a aplicarlo en el curso académico 2013-2014, según explicó el director general del Instituto de la Juventud de Castilla y León, César Burón.
Burón destalló que el actual Decreto de Precios Públicos que regula desde hace varios años estos centros establece un precio «igual para todos los residentes», alrededor de 400 euros por plaza al mes, «sin tener en cuenta la capacidad económica de la unidad familiar». Asimismo, aludió a que este coste no se actualiza desde el año 2007, ni con el IPC, y que desde la Junta creen que «es el momento primero de proceder a su actualización, pero además de realizar un cambio en el modelo».
Por ello, a partir del próximo curso la Administración autonómica implantará «un modelo social que implica que pague más aquel que más tiene y que pague menos el que menos tiene hasta el punto de que sería un precio individualizado para cada usuario», comentó el responsable del Instituto de la Juventud, quien destacó que se apuesta por «un modelo mucho más justo, más razonable y desde luego más ajustado a la realidad social».
Justicia social
«La justicia de este nuevo modelo es evidente porque el precio que tenga que pagar cada usuario será el que le corresponda en función de unas reglas que se aplican ya en otros sistemas y que son las más justas, en función de la renta y el patrimonio; lo que se pretende es que aquellos que menos tienen puedan acceder a un servicio a un precio mucho más bajo», remarcó Burón.
Al respecto, señaló que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ya puso en marcha en 2012 este sistema «social» en otros centros bajo su gestión, como las residencias o los centros de día para mayores, y que ahora se ha dado el paso de implantarlo en las residencias juveniles «por entender que es un servicio dirigido fundamentalmente a apoyar a los jóvenes en su formación».
Sobre cómo se calculará la capacidad económica de los usuarios, indicó que, si están independizados, se contabilizarán su renta y patrimonio personal, y si dependen de sus familias, que suele ser lo habitual porque la gran mayoría de los residentes son estudiantes sin ingresos propios, se computará la renta y el patrimonio familiar. Este cálculo lo realizará el Instituto de la Juventud en colaboración con los servicios de la Consejería de Familia. Burón explicó que la Junta posee en estos momentos nueve residencias juveniles en Castilla y León, dos en León, dos en Soria y una en cada una de las restantes capitales de provincia.