Más de un tercio de los edificios que debían pasar la ITC el 2012 no lo hizo
Los 214 inmuebles afectados tienen 3 meses para hacerla antes de ser multados.
En la ciudad se cuentan cerca de 7.500 edificios que deben pasar la ITC hasta el 2017.
Cerrado el plazo oficial el 31 de enero, el registro de los inmuebles que debían pasar la Inspección Técnica de Construcción (ITC) durante el pasado año queda con un 38% del total todavía pendiente de cumplir con su obligación. Un total de 214 edificios de los 554 que estaban fijados en el Padrón, que recoge a los construidos en el año 1971 y entre enero de 1941 y diciembre de 1945, a los que el Ayuntamiento procederá a notificar la falta para que la subsanen en un plazo de 3 meses. Un periodo de subsanación después del cual la administración municipal puede ordenar la práctica de las labores de oficio, con la consiguiente factura a cargo de los titulares de la edificación e, incluso, con multas por el incumplimiento que van desde los 600 hasta los 3.000 euros, según recoge la ordenanza reguladora, que cita que los responsables directos son los propietarios, aunque deja abierto que, ante el incumplimiento de éstos, «los arrendatarios u otras personas que tengan derechos quedarán facultados para solicitar de la administración la realización de la inspección».
La ITC, cuyas inspecciones se hicieron por primera vez en el año 2009, reparte el padrón de los edificios de más de 40 años por anualidades. Una labor que, después de su primer visado, deben volver a hacer cada 10 años, y en la que queda acreditado que los inmuebles tienen «garantizada su seguridad y su salubridad», como cita la ordenanza, en la que se especifican los diferentes aspectos que deben ser revisados. Unos trabajos, visados por un profesional acreditado por su colegio profesional, cuya factura media ronda los 500 euros, aunque depende de variables como la antigüedad, la superficie, el uso o la estructura.
Estos controles tiene en cuenta «la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales» para certificar la estabilidad del edificio; el «perfecto estado de «los elementos constructivos» que puedan suponer «un riesgo para la seguridad de las personas», como las «chimeneas, barandillas, falsos techos, cornisas, aplacados y elementos ornamentales o de acabado, en particular si pueden caer en la vía pública»; la «estanqueidad» para que «no se produzcan «filtraciones a través de la fachada, cubierta o terreno»; y «el buen funcionamiento de las redes generales de fontanería, saneamiento, gas y electricidad de forma que no se produzcan fugas que afecten a las características higiénicas y sanitarias del edificio».
Unas exigencias que, toda vez que son acreditadas, hacen que el inmueble quede anotado en el registro de edificios como prueba de su seguridad ante posibles compras.