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El contrato de la energía se licitará de nuevo con un coste de 12,4 millones
Antes, tendrá que aprobarse en el Pleno del jueves; el precio aumenta 1,5 millones.
Iluminación nocturna de Párroco Pablo Díez, una de las calles más transitadas del municipio.
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo licitará por segunda vez, y después de que quedara desierto en la primera, el contrato integral de eficiencia energética. Sin embargo, los pliegos deberán contar con el visto bueno del Pleno y aprobarse el jueves, por lo que el PP deberá de recabar los apoyos necesarios para sacar adelante de nuevo este proyecto.
Se trata del contrato de suministro y gestión de servicios energéticos y mantenimiento, con garantía total de las instalaciones de edificios y del alumbrado público del Ayuntamiento de San Andrés, que ya tienen en su poder todos los partidos políticos y que presentó la concejala Noelia Álvarez en la comisión informativa de su área previa al Pleno.
El nuevo contrato, que cuenta con el visto bueno del Servicio de Intervención, tiene un presupuesto de 12.430.330 euros (10.273.000 euros sin IVA), los que supone 150.000 euros más al año que el contrato que quedó desierto.
Según consta en los pliegos, tiene por objeto la gestión energética integral de los diferentes puntos o centros consumidores de energía, es decir, del alumbrado público y de todos los edificios municipales. Además, el adjudicatario deberá suministrar las diferentes fuentes de energía (electricidad, gas natural y gasóleo de calefacción), necesarias para el funcionamiento de las instalaciones (iluminación interior y exterior, climatización, bombas de riego). Tendrá que asumir el coste de los materiales a sustituir por deterioro así como a invertir con la finalidad de reducir el consumo energético.
Los informes correspondientes justifican la licitación de un contrato de estas características porque el tercer municipio de la provincia «necesita llevar a cabo una gestión eficiente de los servicios energéticos, del suministro de energía y del mantenimiento de los edificios, equipos e instalaciones de su titularidad, acometiendo inversiones en ahorro energético y en energías renovables, que redunden en eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos como forma de fomentar la inversión, la mejora y una más racional utilización de la energía con los más elevados niveles posibles de calidad, eficacia y economía en la gestión pública».
Respecto a la duración del contrato, un total de diez años y que resultó muy polémica en el Pleno que debatió los primeros pliegos, el departamento de Contratación asegura que es un plazo adecuado para otras administraciones locales y autonómicas recomendado también por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético.
Según los informes contenidos en este procedimiento, las inversiones efectuadas en los últimos años en las instalaciones de alumbrado público «no han supuesto la reducción sustancial del consumo energético deseado, no hay una gestión adecuada de la energía, ni una gestión eficaz del conjunto de equipos e instalaciones eléctricas y de climatización».
También se reconoce que el mantenimiento sólo incluía la mano de obra pero no la reposición de materiales, «situación que con frecuencia se traduce en un deficiente mantenimiento por la demora en la adquisición y un sobre coste en el precio de los mismos».