El Ayuntamiento estudia cómo incluir las plazas de bombero en el presupuesto

Con el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que obliga al Ayuntamiento a que incluya las 12 plazas de bombero en presupuesto todavía recién llegado, el equipo de gobierno anunció ayer que los servicios jurídicos municipales «lo están estudiando». «Nos gusta tomar las decisiones amparadas en informes técnicos», subrayó el portavoz del PP, José María López Benito, quien se enrocó en que se debe de esperar a este documento antes de hacer juicios sobre la inclusión y la manera en la que debe llevarse adelante.

El Ayuntamiento de la capital leonesa se encuentra ahora ante un panorama complicado. Un escenario en el que, de aplicarse el dictamen de los magistrados del TSJ, que ratifican por segunda vez que la amortización de las plazas en el presupuesto del 2012 no fue correcta, obligaría a una modificación en las cuentas municipales para el 2013, aprobadas ya. El cambio con el que la administración no sólo tendría que cumplir con el requisito formal de incluir las 12 plazas en la plantilla a la espera de ser cubierta, sino que debería dotarlas con sus 600.000 euros de gasto.

La máxima del equilibrio presupuestario hace que esta partido de gasto deba ir contra otra de identidad cantidad en el capítulo de ingresos. Una dotación de 600.000 euros que podrían salir de los 3,8 millones de euros de superávit dispuesto ahora para el pago de deuda a proveedores que no se pudo meter en el plan ICO, aunque después ni siquiera llegaran a gastarse, ya que la sentencia no obliga a que se reanude la oposición.

Falta de consignación

López Benito insistió en que el procedimiento judicial todavía está abierto y que, incluso, se estudia un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Más tiempo para la administración, a la que el TSJ insiste en que debe dotar las plazas de forma cautelar hasta que se resuelva de forma definitiva el caso, así como la declaración de lesividad que ha promovido el equipo de gobierno para conseguir que los juzgados anulen la oposición. «El PP no ha paralizado la oposición, sino que ha sido la presidenta del tribunal en base a un reparo de intervención que dice que no tenían consignación presupuestaria cuando fueran convocadas», apostilló López Benito. Un argumento frente al que el TSJ ya ha aclarado que «su falta no es presupuesto, sino consecuencia de las obligaciones, sin que pueda convertirse en un valladar que impida el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a la administración».