Marcos afirma que el 60% de los recursos contra el maltrato están vacíos
La Junta trabaja en un plan que unifica políticas de igualdad y violencia de género.
Milagros Marcos, con los alcaldes de San Andrés y León y Montserrat Gutiérrez.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, instó ayer a las mujeres víctimas de violencia de género y sus familias y conocidos a que denuncien el maltrato «para que podamos actuar». La consejera, que inauguró ayer los actos conmemorativos de los 25 años de implantación de servicios sociales en la Comunidad, organizado por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, afirmó que la Junta «dispone de una red importante de recursos para atender a las víctimas de violencia de género pero que sólo se cubren en un 40%». Marcos insistió ayer en que «tenemos que conseguir que las víctimas de violencia se acerquen al sistema de protección de la administración regional para que podamos actuar».
La consejera recordó que la Junta prepara un plan que unifica las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género «porque la violencia es la mayor expresión de la desigualdad y por tanto parece muy oportuno vincular estas políticas».
Marcos, que defendió los servicios sociales de Castilla y León «como el espejo en el que se miran otras comunidades» sostuvo que la Junta trabaja para alcanzar acuerdos en el ámbito empresarial para aumentar la contratación femenina, «en la contratación pública se han incorporado cláusulas sociales para que las empresas que resulten adjudicatarias sean las que tienen especial interés en contratar a mujeres y en aplicar políticas de igualdad». Recordó que el último Plan de Empleo firmado con sindicatos y patronal tiene, por primera vez, un plan específico sobre igualdad de oportunidades. «La cuenta de resultados de una empresa», dijo la consejera, «es más favorable cuando hay mujeres no sólo en la línea de producción sino en la dirección».
Ley de Dependencia
La consejera reconoció que las familias «están haciendo un gran esfuerzo» para garantizar la atención profesional de las personas dependientes «y evitar lo que está ocurriendo en otras comunidades con el cierre de centros y despidos de profesionales». Afirmó que las políticas de la Junta «evolucionan» para dar respuesta «a las nuevas demandas que surgen como consecuencia de la crisis». Dijo que en lo que en los dos primeros meses del año se han presentado 500 solicitudes en Castilla y León para evitar un desahucio «y ya hemos alcanzado acuerdos con once entidades financieras». También recordó que la Junta ha triplicado el presupuesto destinado a la Renta para la Ciudadanía «y se ha duplicado el número de usuarios».
