Los certificados de defunción y de nacimiento pasarán a costar 20 euros

 

Los planes de privatización del Registro Civil por parte del Gobierno provocarían que gestiones que hasta ahora resultaban gratuitas, como los certificados de nacimiento  o defunción, por ejemplo, pasaran a costar entre 20 y 30 euros, según denunció ayer Fabricio Rodríguez, representante del CSIF en los juzgados de León. Alrededor de medio centenar de funcionarios se concentraron a las puertas del edificio judicial de Sáez de Miera para exigir la dimisión del ministro Ruíz Gallardón y reivindicar el derecho a una justicia gratuita y de calidad. Los planes del Gobierno conllevarían la pérdida de un centenar de puestos de trabajo en la provincia.

 

«Esta protesta se inscribe en el marco de las acciones contra el Ministerio de Justicia. Sabéis que también se hicieron anteriormente contra la Reforma de la Ley Orgánica y contra la Ley de Tasas, que pedíamos también su derogación. Ahora exigimos que se elimine la Ley que pretende acabar con los Registros Civiles, que concluirá con la privatización y la entrega a los registradores de la propiedad. Entendemos que debe seguir siendo un servicio público para todos los ciudadanos, tal como se concibió en 1870, con carácter público y gratuito».

 

Los sindicatos desconocen los términos del documento que está elaborando el ministerio «que se está redactando a espaldas de los agentes sociales. Sin  embargo ya se están reuniendo con los propios registradores de la propiedad. Todo hace indicar de acuerdo al borrador,  que se va a privatizar. Un servicio que para  ponerlo en marcha se invirtieron 130 millones en la modernización, ahora se va a regalar a un colectivo que si bien son funcionarios del Estado, no lo es de Justicia y se juega con 3.500 puestos de trabajo que no se ha definido su reordenación».

 

Reordenar el servicio

 

Gómez entiende que es esencial que se reordene el servicio adecuadamente, que siga siendo gratuito «y que no se privatice ni se entregue a los registradores. Y evidentemente que se garantice que los representantes de los trabajadores puedan opinar para que los puestos de trabajo queden en la administración de registros civiles. Son cien puestos de trabajo en la provincia y es pasar de un situación ideal a una nefasta. Hasta ahora los certificados tenían un servicio de calidad y una gratuidad que no se garantiza tras los cambios. Y los beneficios no van a ir a la administración de Justicia, sino a colectivos que no aportan nada ahora mismo al Estado».

 

A nivel nacional, también se celebraron concentraciones en el resto del estado.  431 registros civiles principales y más de 7.000 Juzgados de Paz con  3.500 funcionarios están afectados por los planes.