El Ayuntamiento solicita 1,2 millones más al plan del ICO para pagar a proveedores

Cuando apenas se han empezado a pagar los intereses del primer del primer préstamo, cifrado el pasado año en 164,6 millones de euros, el Ayuntamiento de León cerró la nueva remesa de facturas que entrará en la segunda fase del plan de pago a proveedores del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Un listado en el que se apuntan 217 facturas de deuda atrasadas que suman en total 1.256.635 euros, según los datos ofrecidos por los servicios económicos de la administración municipal. Una cifra que, según apuntan, apenas sufrirá pequeñas modificaciones por certificaciones registradas en otras administraciones, una vez que ayer se finiquitó el plazo concedido por el Ministerio de Hacienda, que en primer término había establecido el 22 de marzo como referencia y al final decidió ampliarlo para favorecer la inclusión de un mayor número de beneficiarios.

Las facturas, enviadas al departamento ministerial dirigido por Cristóbal Montoro, tendrán que ser validadas ahora por los técnicos estatales. Unas labores, centradas en comprobar si los certificados cumplen los requisitos establecidos, que permitirán que el viernes se conozca de forma definitiva la cifra que el Ayuntamiento desembolsará a los proveedores por medio de los bancos, con el aval del ICO, y que se convertirá en débito a largo plazo para el consistorio.

La apertura de este nuevo plan ICO al pago de subvenciones, que el año pasado no se pudieron incluir, ha firmado el mayor número de certificaciones emitidas por el Ayuntamiento, dentro de las cuales también hay pequeñas obligaciones pendientes por alquileres de locales. Un total de 147 facturas cursadas, que suman en total 1.178.103 euros, provenientes en su mayoría de clubes deportivos de la ciudad con los que se mantenían deudas de ejercicios pasados que estaban aprobadas pero sin desembolsar. Una cifra que queda de todos modos por debajo de las previsiones iniciales planteadas por el concejal de Hacienda, Agustín Rajoy, quien en un primer instante avanzó que las facturas por estos conceptos podrían alcanzar los 2,3 millones de euros en total. Débitos en los que no se han podido meter aquellas deudas por subvenciones con consorcios públicos y otras administraciones, como Gersul, al que se deben 10 millones de euros, o el aeropuerto, con el que hay pendiente de satisfacer 2,5 millones de euros.

Menor incluso ha sido la respuesta de los proveedores que, aunque entraban dentro de los requisitos establecidos para el primer ICO, no lo hicieron por llegar tarde o por no renunciar a los intereses de demora. Cerca de un millón de euros en certificaciones, según los cálculos de Rajoy, de los que apenas se han expedido 67 certificaciones por valor de 78.532 euros, provenientes de contratos de obras, bienes y servicios anteriores al 31 de diciembre del 2011 que se habían pagado aunque estaban aprobadas.