La Junta dice que intenta que parte de los pisos en stock pasen a alquiler

La Consejería de Fomento insiste en que no puede hacer nada para sacar esas viviendas de protección oficial al mercado porque son de titularidad privada y, por tanto, corresponde a esos promotores su venta. La Junta, explica, tiene su propio stock de VPO públicas, lo que se denomina «reserva para necesidades sociales extremas», a disposicion de los servicios sociales; en torno a 100 para las 9 provincias.

Ante la demanda de la defensora del Pueblo, la Consejería de Fomento también defiende que su programa de alquiler intenta casar las necesidades de esos promotores de «colocar» su stock con la de aquellas familias que, excluidas del crédito por la banca, no tienen más salida que el alquiler social.

Una de las principales conclusiones del estudio de la defensora del Pueblo es que la Administración debe aumentar el control para evitar que el número de viviendas vacías continúe creciendo. Así, y aunque una de las principales causas de que haya viviendas protegidas vacías es la imposibilidad de los compradores de encontrar financiación, es también frecuente que el adjudicatario tenga otra vivienda (libre o de protección pública) en la que reside de manera habitual, o que haya viviendas en malas condiciones de conservación o casos en los que la entidad gestora no sabe que el titular ha fallecido o se ha mudado. Otros motivos de la no ocupación de viviendas protegidas son la caída de los precios de la vivienda libre, que en algunos casos ya resultan inferiores a los de las protegidas, o que la entidad pública se demore excesivamente en la adjudicación.