El interventor cuestiona el reparto en Serfunle que aceptó en Villaquilambre
Cuando era funcionario del municipio alfoz no se opuso y ahora dice que es «ilegal»
«Quien suscribe entiende que los hechos relatados no se ajustan a derecho y deben ser puestos en conocimiento del Tribunal y Consejo de Cuentas para que en el ejercicio de sus fuenciones jurisdiccional y fiscalizadora, ejerzan las acciones correspondientes».
La asamblea de Serfunle analizará mañana el demoledor informe que ha realizado el interventor de la Mancomunidad, solicitado el pasado 20 de marzo a la vista de las objeciones que planteó el representante de San Andrés y concejal del PAL, Francisco Gómez, sobre el reparto, en el 2010, de 7,4 millones de la liquidación del presupuesto del año anterior entre los tres ayuntamientos que conforman Serfunle, y que deja claro con letras en mayúsculas y remarcado que «no se ajusta a derecho». Es más, llega a calificar como ilegal «el haber destinado estos fondos a fines distintos a los que corresponden a las competencias que, como Mancomunidad de Servicios Funerarios tiene asumidos Serfunle», según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.
El caso no pasaría de una polémica decisión si no fuera porque cuando se decidió repartir el dinero entre los tres ayuntamientos el mismo interventor que ahora dice que es ilegal, Gabriel Menéndez Rubiera, lo era del Ayuntamiento de Villaquilambre -uno de los beneficiados con la medida, con 370.000 euros- y no se opuso al reparto. En su condición de interventor de Villaquilambre podía haber emitido algún informe, ni tampoco se opuso al que realizó a favor de cobrar el dinero el entonces viceinterventor del municipio del alfoz, según reconocen fuentes municipales de Villaquilambre que formaban parte de aquella Corporación.
El funcionario sólo expresó su opinión en algunas reuniones para decir que el reparto se tenía que hacer bien, pero no pasó de una declaración de buenas intenciones. Nada por escrito.
La base en la que se apoya ahora el funcionario es el artículo 27 de los estatutos de la Mancomunidad, y que señala textualmente que «en ningún caso se repartirán beneficios entre las entidades mancomunadas. Los beneficios se aplicarán para que se produzca un menor incremento o una aminoración de las tasas o precios fijados». «Este órgano interventor comparte el criterio del concejal que se opuso al reparto del remanente», dice ahora el interventor en el informe, en alusión a Francisco Gómez, del PAL, que es representante por San Andrés. Este periódico intentó ponerse en contacto con dicho funcionario, sin éxito.