Serfunle recurrirá para mantener los descuentos a seguros tras cuatro fallos

Cuatro sentencias después, la mancomunidad de servicios funerarios de León y su Alfoz (Serfunle) se enroca en su política de descuentos a las aseguradoras. Una práctica que por tres ocasiones ha declarado nula el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al anular las tarifas de los años 2009, 2010 y 2011 y que como última salida se ha intentado esquivar con el cambio de la naturaleza jurídica para considerarlos precios privados, en lugar de precios públicos. La salida que ha vuelto a cerrar el alto tribunal con un nuevo fallo contra el órgano mancomunado en el que participan los ayuntamientos de la capital, San Andrés y Villaquilambre. Una nueva resolución que los responsables de sociedad mixta, en la que las administraciones públicas suman el 51% y la empresa Mémora el 49% restante, adelantaron ayer por boca del portavoz del PP en León, José María López Benito, que recurrirán en casación, como ya han hecho con las anteriores sentencias que se mantienen a la espera del dictamen del Supremo.

Frente a este recurso, la parte demandante, la funeraria Los Jardines, confirmó ayer que reclamará la ejecución de sentencia, como ya hizo con la anterior. Una decisión que, una vez que el juzgado decrete las condiciones para su aplicación, podría hacer que la mancomunidad tuviera que cambiar de nuevo su tabla fiscal para fijarla como precios públicos. Una consideración dentro de la cual no caben los descuentos que hacen que las aseguradoras paguen un 50% menos que un particular por los mismos servicios.

Pese a la sentencia, López Benito defendió que el cambio a precios privados se tomó «en base a un informe técnico del interventor». Un dictamen en el que se mantienen firmes, ya que para declarar nulo el acuerdo los magistrados del TSJ «utilizan como argumento una interpretación de los estatutos». «Hemos encargado un informe jurídico, pero de palabra nuestros técnicos ya nos han dicho que nos recomiendan acudir en casación porque es defendible nuestra posición», insistió el portavoz del equipo de gobierno de la capital, quien quitó importancia a la petición de ejecución de sentencia de Los Jardines porque «tiene que aceptarla el juez y fijar las condiciones»; al tiempo que analizó que, pese a ser una sociedad con un 51% públicos no entienden que produzcan una distorsión en la competencia del mercado, como ha sentenciado el TSJ.

Con informe técnico

En los mismos términos se manifestaron los alcaldes de los otros dos municipios implicados. Manuel García, regidor de Villaquilambre, incidió en que el acuerdo se apoya en «un informe del interventor de la mancomunidad». «Ahora tendremos que reunirnos y ver qué hacemos en base a lo que nos digan los abogados. Buscaremos alguna solución para hacer lo que tengamos que hacer dentro de la legalidad», reseñó. Soluciones que las veces anteriores consistieron en cambiar los enunciados de los descuentos para intentar eludir los fallos del TSJ.

Sin salirse de este guión, pero más contundente se mostró el alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro, quien apuntó que «si la sentencia es concluyente habrá que acatarla» sin recurrir». «Estamos defendiendo los intereses de Serfunle, pero cumpliendo la ley», avisó