Los opositores a bombero denuncian datos falsos para anular la oposición
Los afectados presentan una denuncia para definir si hubo «falsedad documental».
Los opositores, antes del juicio que se aplazó ayer por la formación del tribunal opositor.
Después de los últimos informes cruzados por los técnicos del Ayuntamiento, que se enmarcan en la declaración de lesividad de la oposición de bomberos, los opositores anuncian que presentarán una denuncia penal para «depurar responsabilidades por el presunto uso de datos falsos en el expediente». Una acusación que basan en que en el último documento emitido por el interventor general se certifica que en el 2010 no existía «consignación presupuestaria material o efectiva» para dotar las plazas, que es el argumento base para promover la anulación de la convocatoria, mientras que existe otro informe, emitido por el viceinterventor, con funciones de interventor en el momento de los hechos, en que se expone que «sí había consignación» y existía «más de 2 millones de euros a 31 de diciembre del 2010 de saldo positivo en la bolsa de vinculación», como cita el abogado de los opositores, Francisco Solana. «O los datos del 2010 no eran ciertos o los de que se certifican ahora no lo son», señala el letrado, quien avanza que en este paso del procedimiento lo que quieren definir es «quién de los dos funcionarios» es el equivocado para que «se depuren las posibles responsabilidades que pudieran darse por presunta falsedad en documento oficial».
La denuncia se suma al extenso procedimiento que se sigue desde que se impulsó la revisión de oficio del expediente para promover la anulación, después de que el interventor actual emitiera un reparo sobre la aprobación de la convocatoria sin consignación presupuestaria.
Plazo legal
Una revisión que caducó, al superar el plazo legal marcado, pero que con posterioridad fue sustituida por un expediente de declaración de lesividad para conseguir la anulación del proceso. El proceso que debe aprobarse antes de finales de junio, como apunta el abogado de los opositores, para no caer en una nueva caducidad del expediente. Dentro de toda esta tramitación se suceden los informes que los opositores pondrán en conocimiento del juzgado de instrucción. Por un lado, los emitidos por el interventor actual, que ha sido quien ha promovido todo el proceso en el que se argumenta la nulidad de la convocatoria, que está pendiente tan sólo de la nota del último examen desde hace casi dos años con 31 aspirantes para las 12 plazas convocadas. Cinco informes en los que se insiste en que no existía consignación presupuestaria, pero en el último de los cuales «se añade por primera vez que la falta de consignación presupuestaria es material o efectiva», reseña Solana. «Esto no existe en técnica de control del gasto», abunda el letrado, quien explica que «entonces se podría cuestionar hasta el último gasto del presupuesto».
Frente a este informe, los opositores insisten en que, como consta en la tramitación de la declaración de lesividad, «hay otro informe del viceinterventor, que en el 2010 hacía funciones de interventor, que dice que sí que había consignación y que a nivel de vinculación jurídica había saldo favorable». «Existen datos suficientes para entender justificado que existía crédito presupuestario», defiende el letrado.
Dentro del caso, ayer se aplazó el juicio por la formación del tribunal —en el que el sindicato Asial reclama que uno de los miembros era laboral y no funcionario, aunque fue cambiado antes de los exámenes finales— hasta que se resuelva la declaración de lesividad de la oposición.