El Ayuntamiento de León aprueba una moción contra la supresión de trenes de media distancia
PP, PSOE y UPL consideran que la reducción de las frecuencias de los viajes «vulnera el derecho a la movilidad» de los ciudadanos
El pleno del Ayuntamiento de León dio luz verde esta mañana a una moción presentada por los tres grupos políticos con representación -PSOE, PP y UPL- sobre la supresión de frecuencias de trenes de media distancia en la provincia. El texto aprobado recuerda que «a partir del 2 de junio Renfe suprimirá 38 de los trenes regionales que semanalmente unen León con Ponferrada, Gijón y Valladolid». Una medida que, según dicen, «vulnera el derecho a la movilidad de los ciudadanos».
En este sentido, la moción destaca que la supresión de frecuencias prevista «incumple» lo acordado en el propio plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario y limita las posibilidades de viajar a ciudadanos que residen en «numerosos núcleos de población rural de la provincia de León» y que -»a pesar de contribuir con sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos en igual medida que los residentes en núcleos urbanos»- verán «dificultado su acceso a los mismos».
En esta línea apuntan que si se limitan las frecuencias de los viajes, los vecinos de poblaciones rurales verán perjudicado su acceso «a la sanidad y a la educación», ya que «a pesar de mantenerse la conexión ferroviaria en estas líneas, la reducción de frecuencias y paradas afecta fundamentalmente a los horarios de trenes utilizados habitualmente para acudir a centros médicos y educativos».
Además, destacan que «esta decisión puede tener graves consecuencias para el futuro del sector ferroviario en León», al considerar que «la supresión de estos servicios pone en peligro los puestos de trabajo de un importante porcentaje de la plantilla de maquinistas e interventores de Renfe Operadora». Del mismo modo, y dado que el mantenimiento y reparación de estos trenes se llevan a cabo en sus propios talleres de León, indican que «con su retirada de la circulación, se producirá una disminución de su carga de trabajo, que podría abocar a su cierre». Un hecho que, tal y como indican, «ya se está produciendo en otros lugares de España».
La moción recoge también que «la eficiencia del transporte por ferrocarril no se puede medir exclusivamente en términos económicos» y es necesario «tener en cuenta el derecho a la movilidad de los ciudadanos».
Petición a la Junta
Por otra parte, PP, PSOE y UPL también solicitaron a la Junta de Castilla y León que, en caso de que el Ministerio de Fomento no incluya las relaciones de trenes suprimidas como obligaciones de servicio público, sea la propia administración autonómica la que «solicite su declaración, y asuma su financiación».