La Junta aprueba cerrar Antibióticos por la falta de seguridad

El consejo de gobierno de la Junta de Castilla y León ha decidido esta mañana suspender la actividad en Antibióticos y aceptar así la propuesta remitida por Industria. Esta solicitud se deriva de los informes realizados en las instalaciones de la factoría, y se asienta en la necesidad de prevenir incidentes de grado mayor, debido a la falta de seguridad en las instalaciones donde conviven sin las normas básicas de vigilancia almacenajes de sustancias tóxicas o con cualquier otro grado de peligrosidad «para las personas, flora y medio ambiente».

La solicitud parte del servicio de Industria y tras pasar por la Dirección General de ese departamento autonómico, desemboca en el escenario ejecutivo en el fin de ciclo de una secuencia de inspecciones y expedientes sobre la situación de la factoría química leonesa que refuerza la advertencia de consideración de falta muy grave sobre la infracción administrativa que advierten los técnicos ha incurrido la gestión de la fábrica. Para este rango de gravedad, la legislación de la Junta prevé una sanción económica de entre noventa mil y seiscientos mil euros.

Medios elementales

Lamesa del ejecutivo ha analizado un extenso parte de incidencias en el que se hace constar la falta de medios de seguridad tan elementales como una central de alarmas contra incendios, que no funciona porque falta disposición de una fuente de alimentación eléctrica. Medidas de seguridad insuficientes, con grupos electrógenos alternativos que cubran un posible corte de suministro, equipos que ni siquiera cumplen con las normas básicas de mantenimiento que exige la sección industrial de la Junta, relativo al control que se refiere a los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

El relato de los técnicos de la administración autonómica ofrece tonos grisáceos sobre el horizonte de la compañía química, que sitúa atrapada sin un plan de seguridad con las garantías mínimas para responder a un incendio dentro de establecimientos industriales. Como tampoco observa la existencia de controles en los accesos al parque de disolventes, carencia que se relaciona con un peligro «muy grave e inminente potencial de que puedan acceder personas ajenas a la empresa». Subraya el informe que el propio jefe de producción de la factoría desvela que «existe gran cantidad de disolventes y sustancias químicas e inflamables de gran volatilidad almacenados».

Con acento especial, se concluye que el recinto industrial es ahora una instalación con riesgo de incendio y explosión. Agravado en la linde con el peligro porque —razona el instructor del expediente— el plan de autoprotección de Antibióticos no resulta operativo debido a la falta de personal y el nulo mantenimiento de las instalaciones.

Los desajustes que percibieron los inspectores en la revisión de la semana pasada se relacionan con infracciones administrativas de hasta cuatro normas de la legislación industrial vigente; con desatención especial en el articulado de la Ley 21/92 de Industria, que salta en una docena de enunciados, según recoge el informe remitido a los servicios centrales de la Junta en Valladolid. La instrucción del expediente eleva la solicitud de suspensión de actividad para la fábrica de Antibióticos por el peligro muy grave e inminente que «puede ocasionar a las personas, medio ambiente y a la ciudad de León».