El juzgado ordena al consistorio que pague los 14 millones de almacenes

Con el fallo dictado desde el 8 de noviembre del 2011, la empresa Ceyd ha esperado hasta ahora para solicitar la ejecución provisional de la sentencia. Un derecho que le ha concedido el juzgado a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso presentado por el consistorio. Una acción que ordena al Ayuntamiento de León a tener que pagar a la empresa constructora los 10.020.689 euros que costaron las parcelas de los almacenes municipales, más los 924.597 euros cifrados en concepto de daños y perjuicios, más los intereses legales de demora desde la reclamación previa a la vía civil hasta el momento del pago, más todos los gastos de cancelación de los préstamos y operaciones financieras. Una suma que eleva la cifra hasta los 14 millones de euros de coste de condena a la administración municipal por la venta de un suelo para construcción de viviendas, escriturado el 10 de abril del 2008, sin informar a la sociedad compradora de que había presentado por parte de un particular un recurso de anulación del estudio de detalle del sector, que fue aceptado el 9 de diciembre de ese mismo año por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León y anuló toda la tramitación urbanística.

El Ayuntamiento, que ayer todavía no había recibido la notificación oficial por parte del juzgado, cuenta ahora con 10 días a partir de la entrada en registro para presentar las alegaciones que estime oportunas y que ya tiene en estudio, como confirmó el concejal de Economía y Hacienda, Agustín Rajoy. Unos argumentos en los que intentará defender el daño que podría ocasionar al consistorio tener que disponer los 14 millones de euros en estos momentos, ante los cuales el juez de primera instancia del juzgado de lo civil deberá plantear su dictamen. La orden en la cual, al tratarse de una administración pública, los responsables municipales esperan que se refleje la obligación de consignar el gasto en los próximos presupuestos. Un mandato que, si en ese caso no se cumple, sí que daría paso a posibles embargos de bienes municipales para que la empresa consiga el dinero que le concede el fallo.

Tres corporaciones

El caso parte de la decisión adoptada por el último equipo de gobierno del PP liderado por Mario Amilivia, que aprobó el 3 de julio del 2006 la separación de las dos zonas que formaban parte del sector urbanístico discontinuo para poder sacar a concurso la venta. Un acuerdo con el que se separaron los terrenos de los almacenes municipales ubicados en el paseo del Parque, donde estaban todos los desarrollos de vivienda, de la zona de Era del Moro; dos áreas que se habían sido ligado dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de que parte del dinero que se lograra sacar de la venta de suelo para construir permitiera liberar los terrenos de la muralla desde la plaza del Espolón hasta Ramón y Cajal. Una actuación que el TSJ decretó nula de pleno derecho, una vez que ya se había escriturado la venta de dos parcelas a favor de Ceyd con el PSOE y la UPL en el gobierno de la ciudad.

La sentencia incide en que, en el momento de escriturar las parcelas, el 10 de abril del 2008, el Ayuntamiento no informó a Ceyd de que existía un recurso contra el estudio detalle del sector que podía invalidar la venta. La situación que terminó por darse cuando, el 9 de diciembre del 2008, el TSJ declaró nulo de pleno derecho el acuerdo que desligaba el sector discontinuo y que tampoco se comunicó a la constructora.

Un modo de proceder en el que el juez estima que «el Ayuntamiento actuó con mala fe, ocultando las verdaderas circunstancias concurrentes», ya que si Ceyd «lo hubiera conocido no hubiera contratado o lo hubiera hecho de distinta manera». La circunstancia, en la que carga contra el equipo de gobierno de PSOE y UPL, por la cual el magistrado concede que hubo «auténtico dolo» al tratarse de «una circunstancia relevante, esencial y consustancial a la finalidad del contrato».