Hacienda estudia hoy el informe para anular las 12 plazas de bombero

La Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior analiza hoy en su punto cuarto del orden del día el informe elaborado por la secretaria general en el que se pide la declaración de lesividad para los acuerdos de la Junta de Gobierno del 28 de septiembre de 2010 y otro de 26 de octubre del mismo año, el primero por la convocatoria de 12 plazas de bombero-conductor y el segundo por la corrección de errores en las bases, y que el Ayuntamiento utilizará como base jurídica para pedir en el Contencioso la anulación del concurso-oposición tras su aprobación en Pleno.

En el informe, de 40 páginas, la secretaria general, la funcionaria de mayor rango en la institución, hace una cronología de los hechos y remarca que en el decreto por el que se aprobó la oferta de empleo público de 2008, al mencionar dos de las plazas, la jefa del Servicio de Asuntos Generales ya advirtió que se podrían llevar a cabo «siempre que exista crédito presupuestario y se considere conveniente su cobertura durante el ejercicio», y que lo mismo se hizo en la convocatoria de 2010, en este caso por el jefe del Servicio de Asuntos Generales, para las 12 plazas.

Además, sobre la asignación presupuestaria, si tenían o no, que es la base en la que apoya el actual equipo para pedir su anulación, el informe hace alusión a uno elaborado el 18 de enero de 2012 por el interventor general, en el que señala que en el ejercicio de 2010 «no se dotó de crédito prepuestario las doce plazas». Por todo ello, la secretaria general llega a la conclusión de que «la inobservancia del presupuesto legal que exige la asignación presupuestaria de las 12 plazas de bombero-conductor incluidas en las ofertas de empleo de los ejercicios 2008 y 2010 lleva aparejada no sólo la anulabilidad de dichas ofertas, sino también las de las bases de la convocatoria aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de septiembre».

Ante la posibilidad de que se pudieran dotar de crédito, el informe apela también a lo dicho por el interventor, en el sentido de que en la liquidación del presupuesto de 2010 «el remanente de tesorería para gastos generales es negativo». Es más, en ese momento el Ayuntamiento tenía un saldo negativo de 85 millones de euros, lo que hace que, jurídicamente, la convocatoria sea no convalidable y, por lo tanto, anulable.

También se hace referencia al informe de 2010, emitido por un técnico municipal «con el visto bueno del entonces interventor municipal» y fechado un domingo, el 26 de septiembre de 2010. «Dicho informe se emite sin reparos y del mismo se desprende que dicha convocatoria dispondría de crédito presupuestado y suficiente, y que las obligaciones se generan por órgano competente». Sin embargo, cuestiona su validez «tanto por no haberse formalizado los documentos contables que amparan la existencia de crédito presupuestario», como por no haber tenido en cuenta la afectación de los recursos procedentes de la reducción de costes de personal.