125 leoneses cobran la indemnización de Sintel que cierra 12 años de conflicto
Mas Canosa ingresa los 35 millones para evitar el juicio que empezaba el día 20.
Imagen de archivo de una protesta de trabajadores de Sintel en León.
Hernán Hijosa, la voz de los leoneses de Sintel, estaba ayer satisfecho, porque 12 años de lucha han valido la pena, pero también convencido de que sólo unidos los trabajadores pueden dar la batalla contra los grandes poderes y el capital, «como desgraciadamente se está demostrando cada día».
El pasado lunes fue el día fijado para el pago de las indemnizaciones después del acuerdo por el que la familia Mas Canosa, propietaria de esta filial de Telefónica quebrada en 2001, ha abonado 35 millones de euros a sus extrabajadores y acreedores para evitar el juicio fijado en la Audiencia Nacional para el próximo día 20, en el que se pedía cárcel para varios directivos. Penas de entre dos años y medio y cinco años y medio de prisión por insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública.
De los 1.500 trabajadores beneficiados, unos 125 corresponden a León, según Hijosa, con diferentes cantidades de indemnización. El dinero ha sido entregado ya a las autoridades judiciales.
Su lucha demostró la fuerza que puede tener un colectivo cuando está convenido de que tiene la razón, pero también el desamparo que se puede llegar a sufrir. Nadie les apoyó; hasta sufrieron el revés de los sindicatos.
El campamento de la Esperanza, en pleno paseo de la Castellana, se convirtió en un grito en favor de la justicia. Fueron 187 días, del 29 de enero al 3 de agosto de 2001, que quedaron inmortalizados en varias películas y cientos de reportajes en medios de comunicación de todo el mundo. Seis meses en los que también participaron varios leoneses. Un movimiento obrero que acabó siendo social, como recordaba Hernán Hijosa en la presentación de la exposición que tuvo lugar en 2011 en la ciudad de León.
En 1996, Telefónica vendió su filial Sintel, fundada en 1975 y especializada en la instalación de líneas y redes de cables, al grupo estadounidense MasTec Incorporated, propiedad de la familia Mas Canosa, por 4.900 millones de pesetas (algo menos de 30 millones de euros).
Los nuevos propietarios iniciaron un proceso de vaciamiento patrimonial que llevó a la quiebra de la empresa en 2001 con un déficit de 59,3 millones de euros, lo que dejó a 1.788 acreedores pendientes de cobro y a 1.828 trabajadores en el paro.
Una historia que hoy se repite a diario, en una crisis que no parece tener fin. «Creo que humildemente ha valido la pena. No doblamos el brazo ni ante Telefónica, ni ante los sindicatos, ni el capital... Bien organizados, se puede», insistía ayer Hernán Hijosa.