IU cree un «éxito democrático» que el caso Caja llegue al juez

El coordinador general de Izquierda Unida en León, Santiago Ordóñez, mostró ayer su alegría por que el «caso de Caja España» llegue a los juzgados y se abran diligencias por los indicios de delito detectados por la Fiscalía. «Hasta cuatro años cárcel o multa puede ser la pena si se demuestran los hechos denunciados por IU», advirtió.

En su opinión, ya es un «éxito democrático» que la ruina de la entidad bancaria llegue a magistratura y el tipo penal sea además el «de administración desleal».

Así, manifestó su confianza en que el juzgado dote de transparencia «al proceso de destrucción de Caja España por parte de algunos ladrilleros, el PP, el PSOE y la UPL, entre otros».

Para conocer

«Lo que nos falta por dilucidar son las responsabilidades políticas, los aparatos del PP, del PSOE y la UPL no han pagado por robarnos con sus decisiones el músculo financiero de la provincia», aseguro Ordoñez, que añadió que la presidenta provincial del PP, Isabel Carrasco, «huyó como las ratas cuando vio que podía quemarse» y que aún tiene pendiente responder por el cobro de dietas y kilometrajes.

En esta línea, el coordinador de IU también cargó contra el anterior secretario provincial de los socialistas leoneses, Francisco Fernández, que «se ha jubilado pero ha seguido hasta el final». «Estos dos eran las caras de la venta de Caja España al ladrillo pero no estaban solos y todavía estamos esperando dimisiones y asunción de responsabilidades por la política de rapiña que perpetraron junto a otros responsables políticos y sindicales», reprochó.

«El silencio rodea las pesquisas de la investigación judicial», lamentó Ordóñez, que desea que haya «clamor a la verdad, que paguen los culpables y que le devuelvan a León el núcleo cesante que le han robado a los desahuciados, estafados por las preferentes, negocios arruinados por falta de crédito y beneficiarios de la obra social».

Intereses

De esta manera, entiende que las inversiones futuras necesarias para León, se han ido «por el desagüe de posibles intereses personales y sospechas de corruptelas».

«Mientras solucionamos parte de esto último por lo menos podemos contar con que la justicia ha empezado a actuar con una base previa, construida por la Fiscalía, más de lo que se podía esperar hace unos meses, para terror quienes tienen mucho que ocultar», concluyó el coordinador provincial de Izquierda Unida, formación responsable de que el asunto haya llegado a los tribunales, gracias a la denuncia que presentaron por supuesta administración desleal.