Las dudas de un ERE por el que se pagaron 150.000 euros a un bufete
Imagen de archivo del comité de empresa en el día de la firma del ERE que secundaron todos; ahora UGT y Asial no apoyan.
El acuerdo de la mesa negociadora, a pesar de los votos de UGT y Asial en contra, respalda a Lesmes a la hora de acudir al Supremo, dado que habrá un recurso por parte del Ayuntamiento y otro con sello de los sindicatos, cuyos asesores jurídicos formaron parte de las tres reuniones mantenidas en los últimos días para convencerles de que firmen.
Lesmes busca el arrope para sustentar el ERE que terminó por rescindir más de un centenar de contratos y amortizó otras 83 plazas de personal que se encontraba en excedencia en otras administraciones. Un proceso en el que el Ayuntamiento contrató los servicios del bufete de Baker & McKenzie, con una factura de más de 150.000 euros, repartida en tres contratos sucesivos, lo que evitó que se tuviera que sacar a concurso público y se pudieran adjudicar mediante un negociado abierto sin publicidad. Los expertos que han asesorado en todo momento a la concejala del PP, tanto en la elaboración del ERE como en las mesas negociadoras e incluso en los juicios tenidos en León, justo hasta ahora. Un coste al que se suman los más de 740.000 euros en indemnizaciones que ha tenido que desembolsar el Ayuntamiento a los trabajadores que rescindió contrato amparado en el ERE tras la reforma laboral del PP.