Los extrabajadores de Sintel empiezan a percibir las indemnizaciones
Acaban doce años de conflicto en . el que están afectados 125 leoneses.
Los trabajadores de Sintel protagonizaron una movilización histórica.
Los ex trabajadores de Sintel iniciaron ayer el cobro de las indemnizaciones que tienen pendientes, tras el acuerdo al que llegaron el pasado mes de junio con los responsables de la empresa Mas Tec para evitar un proceso judicial en el que ocho directivos de la compañía se enfrentaban a peticiones de entre dos y cinco años y medio de prisión acusados de insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda Pública.
La sociedad depositó finalmente en la Audiencia Nacional 35 millones de euros, que se repartirán entre los 2.900 trabajadores que hace más de una década se quedaron sin empleo. 125 de ellos son leoneses. Las indemnizaciones irán desde los 12.000 hasta los 30.000 euros.
Sintel se creó en 1975 como filial de Telefónica para instalar redes de cables y líneas, y fue vendida en 1996 a Mas Tec, de la familia empresarial cubana Mas Canosa. La acusación del interminable proceso judical considera que a partir de ese momento la nueva propietaria desarrolló un vaciamiento patrimonial que llevó a la empresa a la quiebra en el 2001, y dejó 1. 828 trabajadores en el paro y 1.788 acreedores pendientes de cobro.
Las movilizaciones de los afectados desarrollaron un movimiento reivindicativo histórico, que tuvo su culmen en el «campamento de la esperanza», que acampó entre el 29 de enero y el 3 de agosto en plena Castellana madrileña.
Ahora los trabajadores afectados, o sus herederos en su caso, recibirán una indemnización que se suma a los cobros que han ido realizando a lo largo de los años (nóminas pendientes e indemnizaciones tanto legal como por daños morales).
Los afectados tienen ahora un plazo de seis meses para hacer efectivo el cobro, presentando su identificación y una carta firmada en la que renuncien a nuevas acciones legales a cambio de recibir el dinero.
La medida fue impulsada por la Sección Tercera de lo Penal de la Auediencia Nacional, que iba a juzgar a los directivos a finales de junio.
Los afectados señalaron ayer que la decisión permite «devolverles la dignidad».