Justicia remodela la Oficina Judicial de León y concede al Bierzo una «sede B»
Ponferrada dispondrá también del nuevo sistema pero no tendrá todos los servicios.
Luis Alberto Gómez, Joaquín Silgueiro, Ángela Casado y Juan Carlos Suárez-Quiñones.
El Ministerio de Justicia acometerá la remodelación de la Oficina Judicial de León a principios de otoño, bajo la premisa fundamental del aprovechamiento de recursos para hacer frente a las «disfunciones» que se reconoce que sufre en la actualidad, dos años después de su puesta en marcha.
La visita de Joaquín Silgueiro, secretario general de la Administración de Justicia, ya sirvió en junio de este mismo año para determinar la necesidad de ejecutar el trasvase de personal a las secciones que más carga de trabajo acumulan, en detrimento de aquellas otras que pueden soportar mejor el volumen de entrada de asuntos, que en cualquier caso están en todos los supuestos por encima de los límites aconsejables.
El presidente de la Audiencia Provincial de León, Manuel García Prada y el decano de los jueces de la capital, Luis Alberto Gómez García, han manifestado en el transcurso de los últimos meses su predisposición a adoptar cuantas medidas sean necesarias para solucionar esta cuestión.
Es probable que a partir de la semana próxima, con el retorno a la actividad, se acometan las cuestiones referentes a este asunto.
El Ministerio de Justicia incluye ya en su página web la asignación de nuevas sedes de la Oficina Judicial para tres ciudades: Ponferrada, Ceuta y Melilla. En el caso de la capital de El Bierzo, se trataría de una implantación experimental con un modelo de Oficina Judicial que no contaría con la totalidad de los servicios sino solamente una parte, la más adecuada a las necesidades de los juzgados de El Bierzo. En principio, por ejemplo el SCOP (Servicio Común de Ordenación del Procedimiento) no formaría parte de la NOJ berciana, que no entrará en cualquier caso en funcionamiento hasta dentro de un año, en el mejor de los casos.
En cualquiera de los casos, la implantación del expediente digital en toda su extensión, sigue siendo fundamental para llevar a cabo una correcta modernización de las estructuras judiciales y a tenor de los presupuestos con los que se trabajan y de la disponibilidad económica de la cartera que dirige Alberto Ruíz-Gallardón, no parece que haya grandes soluciones a corto plazo.