La proliferación de crímenes satura el sistema del jurado popular en León

La Audiencia Provincial de León podría verse obligada a repetir candidatos para hacer frente a la demanda de miembros del Tribunal del Jurado Popular que tendrán que pronunciar sus veredictos en los casos pendientes correspondientes a los años 2012 y 2013.

El presidente de la institución, Manuel García Prada, restó importancia al asunto «porque muchos de los juicios no se van a celebrar este año y porque hasta el año que viene pueden pasar muchas cosas», manifestó ayer en conversación telefónica con este periódico. «Yo creo que vamos a tener suficientes candidatos. Ningún juicio va a tener problemas en ese sentido».

No obstante, los cinco juicios pendientes por las muertes violentas del año pasado, a los que se suman los seis crímenes que se han producido en lo que va de año, se someterán casi con toda seguridad al sistema del Tribunal del Jurado, circunstancia que implica la necesidad de convocar a una importante cantidad de ciudadanos para administrar justicia en esta versión.

Por el momento, de los del año pasado solamente hay sentencia sobre el crimen de Boñar. Alberto Liñares Grela, un varón de 37 años vecino de Cistierna, aceptó 18 años de prisión por acabar con la vida de María Villapadierna, su anterior compañera sentimental, a la que dio muerte con 29 años.

Luis Adolfo Mallo, presidente de la Sección Tercera de la Audiencia, decidió no arriesgarse a que un defecto de forma pudiese provocar problemas posteriores, y utilizó a los miembros del jurado que habían sido seleccionados para este juicio pese a que la acusación y el imputado llegaron a un acuerdo de conformidad. Ya entonces trascendió que su intención inicial era reservarlos para posteriores casos. «Vamos a andar muy justos de gente este año», afirmaron fuentes cercanas a la sección. Todavía no se habían producido entonces los dos últimos crímenes que se han sumado a la crónica negra de este año.

25 aspirantes por juicio

El Tribunal del Jurado se rige por una Ley Orgánica de 22 de mayo de 1995. En ella se establece que para casa juicio hay que seleccionar a 25 candidatos, de los que luego solamente se elige a nueve titulares y dos suplentes. Sólo se exige ser mayor de edad, saber leer y escribir, ser vecino de un municipio de la provincia y no haber sido condenado por delitos dolosos.

Sólo pueden excusarse de la función los mayores de 65 años, los miembros de otros Tribunales del Jurado en los cuatro años anteriores, quienes por razón de trabajo acreditada no puedan abandonar su empleo (son mínimas las excepciones que se aceptan) y los militares profesionales.

El sorteo para la designación de miembros se realiza en la última quincena de septiembre de los años pares. Los presidentes de la Audiencias Provinciales deben calcular cuántas causas prevén que se vayan a juzgar por ese sistema (hasta septiembre del 2014 en este caso) y multiplicar la cifra por 50. El resultado es el número de individuos que deben ser seleccionados como candidatos a miembros del jurado para dar cobertura a las necesidades existentes. A los cinco crímenes que quedan pendientes se les suman el que se celebrará el 18 de noviembre contra el celador de Los Ancares y al menos dos más correspondientes a asuntos de estafas y malversaciones.

«Ningún juicio va a dejar de celebrarse porque no haya suficientes candidatos a formar parte del jurado», reiteró ayer el presidente. «Tampoco es seguro que todos los asuntos se vayan a ver este año porque para el periodo en el que se ha hecho la selección, en unos casos hay instrucciones pendientes de cerrar y en otros, como en el último homicidio, ni siquiera se ha determinado quién es el autor», insistió García Prada.

Ser miembro de un Jurado Popular es a veces un trastorno... pero menos. El Estado abona cerca de 60 euros diarios a cada integrante, para compensar la merma de ingresos que supone tener que ausentarse del trabajo.

Algo es algo.