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El Tribunal Económico desestima otro recurso de los afectados por el IBI

Los 589 recurrentes tendrán que pagar el impuesto que no han abonado desde el 2011.

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n. g. | san andrés
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El Tribunal Económico Administrativo de Castilla y León ha desestimado otro de los recursos interpuesto contra la valoración catastral del suelo que pasó de rústico a urbanizable tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de San Andrés del Rabanedo.

Este fallo, que afecta a un total de 24 personas, se suma al que ya emitió este organismo en mayo a otros 565 afectados, en éste caso, por haber presentado las reclamaciones fuera de plazo. Esta revalorización de los terrenos provoca que los afectados tengan que pagar mayores cantidades de este impuesto por un suelo que no se desarrollará hasta dentro de muchos años. Tras esta resolución, tendrá que hacer frente a los pagos del 2011, 2012 y 2013.

Una reclamaciones en las que los afectados impugnaban no sólo el valor catastral individualizado adjudicado a sus terrenos sino también la ponencia de valores de la que derivan estas valoraciones por tratarse de actos de aplicación de la misma.

El recurso fue interpuesto contra la resolución dictada por la Gerencia Territorial del Catastro de León por la que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto por los propietarios de las parcelas frente a la ponencia de valores parcial del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. Ahora los 24 afectados estudian si acudirán al Tribunal Contencioso Administrativo para continuar con su reivindicación o ya no recurren a más instancias.

Por su parte, el alcalde de San Andrés, Gregorio Chamorro, no quiso entrar en detalle sobre la valoración de este fallo del Tear hasta no conocer en profundidad el documento.

Sobre la posibilidad de que los 589 afectados tengan que abonar el IBI que no han pagado de los tres últimos años, Chamorro explicó que analizará la situación con los servicios jurídicos del Ayuntamiento «porque lo que no puedo hacer es ir en contra de la legislación vigente».

Hay que recordar que fue el regidor quien tomó la decisión de paralizar el cobro del IBI a estos ciudadanos hasta que se resolvieran los recursos. Una vez resueltos lo más probable es que tengan que abonar las cantidades adeudadas, elevadas en algunos casos.

Los vecinos más afectados por el cambio de uso del suelo en el PGOU son de San Andrés, Villabalter y Ferral. En el fallo, además de desestimar las reclamaciones, el Tribunal Económico Administrativo «confirma los actos impugnados».

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