Sin mención a los 124,2 millones de euros de facturas sin consignación

El dictamen desactiva el informe de intervención que el equipo de gobierno del PP anunció en abril que enviaba al Tribunal y al Consejo de Cuentas para que depurara las presuntas responsabilidades que tuviera. Un exhaustivo documento en el que no sólo se ponía en conocimiento del organismo estatal la operación de reparto de beneficios de Serfunle, sino que también abundaba en un rosario de actuaciones presupuestarias con las que complementar la acusaciones de presuntas ilegalidades.

Pero ni todo el detallado informe suscrito por el interventor municipal, que entró en el puesto con el nuevo equipo de gobierno, ni los documentos posteriores que se requirieron han hecho que el Tribunal de Cuentas haga mención en su informe más allá de la operación de Serfunle. Ni una línea para la advertencia de que se produjo «un incumplimiento reiterado de la obligación de registrar contablemente las operaciones las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto o facturas en el cajón», como citaba el interventor, quien abundaba en que este modo de proceder había hecho que se acumularan 124,2 millones de euros: 23,8 millones pagados sin consignación y otros 100,4 pendientes en esos momentos. Una acusación directa al equipo de gobierno de PSOE y UPL, al que además se apuntaban «prácticas presupuestarias ilegales» por haber contabilizado 59,2 millones de euros de ingresos por exceso en los presupuestos del 2008 y el 2010.

Una gestión en la que no entra el auto del Tribunal de Cuentas del que se informó en la junta de gobierno del Ayuntamiento del 13 de septiembre. Una convocatoria después de la cual el portavoz del PP, José María López Benito, dio cuenta a los medios de los asuntos tratados, sin hacer mención alguna a la comunicación del tribunal.