Los pensionistas leoneses perderán el próximo año con la reforma 33,7 millones
UGT sitúa la caída de la paga en 238 euros anuales y deja al 41% en el umbral de la pobreza.
Las personas pensionistas de León dejarán de cobrar una media de 238 euros al año con la reforma de las pensiones anunciada y que prevé aprobar el Consejo de Ministros hoy. Los cálculos realizados por el sindicato UGT de León supondrían una pérdida para la economía de la provincia de 33,7 millones anuales, que es lo que dejarían de percibir los 142.112 jubilados leoneses. La reforma reduce la pensión media en 17 euros al mes en cada una de las catorce pagas anuales.
El representante de los jubilados y pensionistas de UGT, Paulino Bejega, se pronuncia en contra de la reforma que dejará en el umbral de la pobreza al 41,22% de los jubilados leoneses — 56.000— que no superarán los 600 euros de pensión media, aunque la paga media de los pensionistas leoneses está actualmente en los 832,48 euros, según los datos del Ministerio de Empleo.
La pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas repercutirá también en el sostenimiento de las familias en tiempos de crisis. Bejega asegura que las pensiones de los abuelos ayudan al sostenimiento de las familias en uno de cada cinco hogares leoneses con todos sus miembros en paro.
La ministra de Empleo, Fátima Bañez, expuso recientemente a los sindicatos la necesidad de reformar el sistema de cálculo de las pensiones para la «sostenibilidad» de las pensiones.
La actualización anual de las pensiones españolas dejará de estar vinculada a la inflación a partir del próximo año y pasará a depender de un nuevo índice que garantizará una subida mínima anual de un 0,25%.
Nuevo cálculo
Las cuantías de las prestaciones de los futuros pensionistas se adaptarán además a la esperanza de vida de la población desde 2019, de manera que de seguir las tendencias demográficas actuales, los trabajadores que se retiren a partir de ese año tendrán una pensión inicial inferior a la prevista actualmente.
Los responsables sindicales se pronuncian en contra de la reforma planteada y piden al Gobierno que respete el artículo 50 de la Constitución española que obliga a los poderes públicos a garantizar las pensiones, actualizarlas adecuadamente y disponer de un sistema de servicios sociales adecuados. «Si el Gobierno incumple las leyes los ciudadanos también tendremos que salir a la calle».