| san andrés del rabanedo |
El alcalde promete facilidades en el IBI a los dueños de suelo recalificado
Los afectados podrán pagar a plazos y se estudiará la exención de los recargos.
Planos del nuevo plan de ordenación urbana de San Andrés en fase de exposición.
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo permitirá pagar a plazos el IBI correspondiente a los dos últimos ejercicios que tienen pendiente los dueños de 1.600 fincas que tras la última modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vieron como sus parcelas pasaban de rústicas a urbanizables. Esa fue la conclusión principal con la que se cerró la reunión que ayer mantuvo el alcalde con una representación de la plataforma de afectados que se constituyó al hilo de este problema.
La entrevista, en la que además el primer edil, Gregorio Chamorro, estuvieron presentes los concejales de Hacienda y Urbanismo, Fernando Vélez y Elena Prieto, respectivamente, se produce después de que los recursos que los dueños presentaron ante el Tribunal Económico Administrativo de Castilla y León no prosperaran. Esto les aboca ineludiblemente a abonar el impuesto de los años 2012 y de 2013. El regidor popular trasladó a los propietarios de las fincas el apoyo del equipo de gobierno, pero les matizó: «Haré todo lo que esté en mi mano dentro de la legalidad vigente».
Pendientes de recargo
Además de comprometerse a que puedan aplazar el pago también indicó a los portavoces de la plataforma que se realizará un estudio para ver si existe la posibilidad legal de que no tengan que hacer frente al pago de intereses de demora. «Lo intentaremos pero todo dependerá de que nos ajustemos a la ley», condicionó Chamorro.
Por otro lado, y dentro de otra vía relacionada con el conflicto generado por la revisión, la concejala de Urbanismo, Elena Prieto, explicó que el Ayuntamiento elaborará un estudio técnico sobre todas las parcelas que fueron recalificadas y en las que no está previsto su desarrollo, al menos, hasta dentro de más de una década.
El mencionado estudio servirá para analizar si es posible retrotraer el cambio de uso de tal modo que las fincas se vuelvan a calificar como rústicas. Aunque dicha decisión, en todo caso, dependería de la Junta de Castilla y León porque es la administración que tendría que aprobar la nueva modificación del PGOU. La plataforma representa a más de 500 propietarios afectados por la actualización en septiembre de 2011 del catastro inmobiliario, consecuencia de la aprobación del PGOU del 2010. En total la superficie que se vio alcanzada por el «catastrazo» suma más de cinco millones de metros cuadrados en todo el municipio.