La justicia no ve delito en el supuesto desvío de los seguros de Serfunle
La Audiencia no entra en si se pasaron clientes a Mémora para hacer descuentos.
No hay «delito de malversación de caudales públicos o efectos públicos», como confirma la Audiencia Provincial, en el «supuesto desvío de clientes» de aseguradoras desde Serfunle a Mémora, el socio privado de la sociedad mixta, para burlar la prohibición de hacer descuentos a las compañías hecho en el 2012. Un fallo que confirma la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción, que había estimado el recurso de reforma contra el auto de admisión de querella presentada por la Funerarias Leonesas (Los Jardines). Una denuncia en la que se había apuntado como responsables al entonces gerentes de la mancomunidad, Manuel Mejías, y al responsable del socio privado Eduardo Federico Vidal Regard.
Los magistrados de la Audiencia Provincial de León relatan que según los hechos denunciados «se impidió a Serfunle S.A., en cuanto empresa pública, la aplicación de ciertos descuentos, por lo que dicha entidad estaría supuestamente ‘desviando clientes’ de dichos servicios funerarios, especialmente compañías de seguros del ramo de decesos hacia la entidad Mémora, S.A., lo que ha traído como consecuencia que esta última pasaría a prestar mucho más servicios que Serfunle, S.A. que antes prestaba casi la totalidad de dichos servicios en el citado ámbito territorial, invirtiéndose prácticamente la situación del mercado entre ellas».
Una hechos —denunciados por Los Jardines con el argumento de que Mémora facturó 264 servicios, cuando en los 15 días anteriores sólo había facturado uno, y usó las instalaciones de Serfunle para hacerlos— que «aun cuando fueran ciertos, cuestión en la que no es preciso entrar pues la discusión en el presente recurso es de índole puramente jurídica, no pueden ser constitutivos del delito de malversación de caudales o efectos públicos», sino en su caso de «actos de competencia desleal». Pero en ningún caso de «malversación de fondos públicos», puesto que «no hay ningún traslado real y efectivo de fondos públicos que la primera tenga asignados», al tiempo que reseña que «si las compañías aseguradoras del ramo de decesos no siguen contratando con la primera y lo hacen con la segunda, o con la entidad que estimen conveniente, ello se debe a que no les interesan los precios que aquélla pueda tener fijados si no se les hace ningún tipo de descuento o rebaja, algo totalmente lícito y comprensible».
