«Rubén no obtendría beneficio alguno por ir al Sagrado Corazón»
Rubén Calleja Loma en una de las aulas de Amidown donde acude a actividades.
«Mi hijo Rubén no obtendría beneficio alguno por acudir a un centro específico como el Sagrado Corazón», afirma Alejandro Calleja, padre imputado por un presunto delito de abandono familiar al negarse a que su hijo con síndrome de Down sea escolarizado en un colegio de educación especial.
Alejandro Calleja y Lucía Loma, la madre del menor, están citados hoy a las 9.40 horas a declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de León tras ser denunciados por la Fiscalía. El fiscal se basa en el dictamen de la Comisión Provincial de Absentismo Escolar y este organismo, en el que participan varias administraciones públicas, atendió la recomendación del Ayuntamiento de León.
El programa de prevención, seguimiento y control de absentismo escolar del municipio aconsejó, en nociembre del 2011, remitir al fiscal el caso de Rubén «por no asistencia del menor al centro escolar y reconocimiento del padre de no cambiar esta actitud en caso de no conseguir escolarización en centro escolar de integración».
El padre achaca a los «episodios de maltrato» que sufrió en el colegio donde estuvo escolarizado desde los tres años —cuya denuncia archivó el fiscal por segunda vez poco después de la imputación por abandono familiar— las situaciones de conflicto con el menor en el aula y que son calificados por los informes psicopedagógicos realizados por los equipos de orientación psicopedagógico de León y Astorga. El psicólogo Miguel Ángel González Castañón, que conoce y trata al menor desde que era pequeño, asegura que Rubén Calleja «ha tenido un desarrollo personal y académico adecuado hasta que en el año 2011, después de episodios de maltrato, denunciados ante las autoridades competentes, se le impone una escolarización segregada que los padres ven como marginadora y entorpecedora para su hijo».
A falta de alternativas de la administración educativa que, al igual que el Ayuntamiento de León, no se han ocupado más del caso en casi dos años, la familia de Rubén decidió buscar «un tipo de actividades que favorezcan su inclusión social», subraya el psicólogo.
Derecho reconocido
La familia cuenta con el apoyo de Solcom, organización que promociona la inclusión educativa, que recalca que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas reconoce este derecho.
Solcom recalca que el menor estuvo en educación inclusiva desde los dos años de edad y «plenamente integrado» «con los apoyos necesarios» hasta que en el curso 2009-10 empezó a ser víctima de «graves conductas discriminatorias, vejaciones y malos tratos físicos por parte de algunos profesores de su centro escolar».
La familia envió a la Dirección Provincial de Educación al menos siete escritos por estas conductas que la administración negó. En mayo de 2011 las denunció en la fiscalía y poco después Educación decidió «segrerar al niño» del sistema educativo público ordinario. La familia acudió a la jurisdicción contenciosa y, tras la sentencia desestimatoria, llevaron su caso al Tribunal Constitucional.