Antibióticos tiene aún pendientes los planes de seguridad que exige la Junta

Un sistema de protección contra incendios reparado y dispuesto para estar operativo; un sistema de protección contra intrusión en las instalaciones; un plan de emergencia interior, al que obliga y regula un real decreto, que deberá volver a redactarse de acuerdo con la realidad de la planta, y tener en cuenta todos los medios técnicos y humanos necesarios para la seguridad; medidas contra situaciones de peligro respecto a productos químicos, y si fuera preciso su retirada, el inertizado de los depósitos. Son medidas que dicta a Antibióticos el servicio territorial de Industria de la Junta en León, que requiere además a la empresa que informe de su ejecución antes de llevarlas a cabo. En el mismo informe, que derivó de las inspecciones que llevaron adelante los técnicos de la administración dentro del complejo industrial el pasado verano, se condiciona cualquier regreso a la producción a la adopción de las medidas correctoras. La Junta acordó «la imposibilidad de desarrollar actividad alguna en las instalaciones de Antibióticos en tanto en cuanto persista la situación que ha llevado a la adopción de medidas correctoras». En ese proceso parece que se desenvuelve la propiedad de la fábrica, que con el apoyo de un inversor maneja presupuestos con el fin de acometer en parte o en su totalidad, las reformas que le sugiere el informe de la Junta sobre las condiciones que devolverán la seguridad a las instalaciones. Empresas especialidad en la construcción de infraestructuras industriales manejan desde hace unos días ofertas para ejecutar la reforma. La entrada en escena del inversor mexicano ha podido dar un giro a las expectativas nada halagüeñas que se asomaban al futuro de la compañía, que suma un año de deudas salariales e inactividad.

Recuperar la gestión

En paralelo, la propiedad de Antibióticos vuelve a la carga judicial para tratar de recuperar la facultades y administración de la compañía, de las que fue apartada en julio, tras la admisión del concurso necesario. Para ello, argumentan ante el juez el convencimiento «de la impericia de la administración concursal para llevar a cabo la gerencia y desarrollo de la actividad empresarial, dado que los que la forman son abogados y economistas, pertenecientes a un campo ajeno al desarrollo químico y farmacéutico...». Los propietarios solicitan la devolución de las facultades de administración por tener los medios para dar continuidad a la actividad empresarial de Antibióticos y contar con un inversor que aportará el capital necesario para levantar el concurso. De esa forma argumentan que se evitará la liquidación que perjudicaría los intereses de acreedores y trabajadores, valora.