El PSOE advierte que la reforma local choca con la moratoria de tres años para «no tocar» los servicios en la Comunidad

El Grupo Socialista advirtió hoy de que la aplicación de la reforma local del Gobierno choca con la moratoria de tres años pactada con Junta y PP en la ley autonómica de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio de “no tocar” los servicios sociales en ese plazo y preguntó cómo va a pagar el Ejecutivo los 331 millones extra por asumir las competencias municipales en sanidad, educación y servicios sociales.

“Sin financiación se suprimirán los servicios o se encarecerán”, afirmó la viceportavoz del grupo, Ana Redondo, en una rueda de prensa para valorar las enmiendas introducidas al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Aunque enmarcó su comparecencia en positivo para reforzar el acuerdo Junta, PP, PSOE sobre el modelo territorial, pidió al Ejecutivo que aclare algunas dudas porque “la palabra del ministro Montoro no ofrece confianza”.

Desde la petición de lealtad al modelo pactado en la Comunidad, reclamó a la Junta que “pelee” por él porque la aplicación del proyecto de ley, tal y como está ahora, llevará a que algunos servicios no se podrán prestar por falta de financiación y otros se cargarán al ciudadano y serán más caros.

Frente a la posición del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que ha dado su apoyo a la reforma porque “se fía” del compromiso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que los traspasos de esas funciones irán acordes con la revisión de los modelos de financiación, la viceportavoz socialista argumentó que o bien Montoro “engaña a la Junta” o es ésta la que

“engaña a los ciudadanos”, de ahí la explicación que pedirán en el próximo pleno de las Cortes con dos iniciativas, en una de ellas insistieran en la reforma del Estatuto para recoger un suelo social.

Tampoco la convenció la explicación del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de que no aceptarán las competencias sin financiación, y subrayó que una cosa es la voluntad política, que entendió, y otra lo que recoge una norma de aplicación básica, como el proyecto de ley que ahora se encuentra en el Senado.

Así, recordó que en las enmiendas del Grupo Popular del Senado se deja claro que la titularidad de las funciones municipales en sanidad, educación y servicios sociales es de las comunidades y que existen unos plazos de dos y cinco años para que sean asumidas por éstas de forma gradual, pero advirtió de que también se señala que ese traspaso no deberá suponer más gasto a la administración a la que pasan.

De ahí que la viceportavoz socialista insistió en preguntar, en la rueda de prensa, quién se hará cargo de los 200 millones de servicios sociales -residenciales y de proximidad-, 30 de mantener los 3.600 consultorios locales y 100 de los centros escolares municipales, cuando, en su opinión, la ley aplaza un problema pero la Junta deberá asumir los servicios sociales el 31 de diciembre de 2015.

“Cómo lo va a asumir la Junta y con qué financiación, la reforma de los modelos de financiación autonómico y local no van a estar listos y regirá el actual”, subrayó Redondo, convencida de que todas las comunidades, como lo ha hecho Castilla y León, van a plantear una dotación extra para asumir esos servicios.

Por último, expresó la preocupación por la “obsesión” de la Junta en la financiación y no en la defensa del modelo pactado, del que explicó que se basa en la cooperación, a través de la cofinanciación de los servicios, la participación y el conocimiento desde la cercanía de las necesidades para resolver los problemas. “Una administración, una competencia suena bien en la práctica, pero supone una concentración en un único centro de decisión y sin financiación se suprimirá el servicio o se encarecerá”, recalcó.