Las academias particulares denuncian en Hacienda a cien negocios «ilegales» de enseñanza

Con un listado de teléfonos y anuncios encontrados en internet o aparecidos en farolas y paredes se han plantado los responsables de la asociación de academias de enseñanza leones en la delegación de Hacienda. Una relación detallada para denunciar a «un centenar de particulares que imparten clases a domicilio o en sus propias casas sin ningún tipo de requisito», como expone Carlos Fernández, el portavoz del colectivo que agrupa a una veintena de empresas de la capital, Astorga y Ponferrada. La denuncia que los responsables del organismo estatal se han comprometido a investigar para «sacar a la luz auténticos negocios ilegales, por cuento no pagan ningún tipo de impuesto» que cuentan «con hasta más de 20 alumnos en diferentes grupos de enseñanza». «Según nuestras estimaciones puede haber hasta 300 de estos particulares que se ofrecen para dar clases así, la mayoría de ellos con apenas 2 ó 3 alumnos, pero estos cien son verdaderos negocios encubiertos», abunda el representante de la asociación, nacida dentro de un movimiento de protesta que ya se agrupa como federación autonómica con presencia por ahora en Zamora, Palencia, Valladolid y Soria.

Los dueños de estas academias de clases particulares inciden en que su denuncia surge ante «la gravedad de la merma de alumnos que afecta a las academias, muchas de ellas abocadas al cierre como consecuencia de la competencia desleal». Unas pérdidas que se han traducido en la pérdida de «un centenar de empleos aproximadamente» y en el aumento de «las dificultades para poder seguir adelante». Problemas derivados de «tener que competir en desigualdad de oportunidades con estos negocios irregulares que «no están dados de altas y que tiran los precios a 7, 6 y hasta 5 euros la hora». Facturas que quedan al mes «entre 40 y 50 euros como mucho», frente a «los cerca de 75 que puede costar una academia». «Nosotros no podemos competir contra eso, nosotros pagamos nuestro recibo de autónomos, los seguros sociales, el IBI, el seguro de responsabilidad civil, la prevención de riesgos, los tributos de los Ayuntamientos», enumera Fernández, que calcula que la suma total ronda los 10.000 euros al año. «Y como lo estamos haciendo legalmente somos los únicos a los que nos inspeccionan», remata.

Con esta denuncia han pasado también por la delegación territorial de Trabajo, por la Oficina Municipal del Consumidor (Omic) del Ayuntamiento de León y hasta por partidos políticos para tratar de « erradicar una mala práctica que lleva muchos años instalada en este sector, pero que con la crisis se ha acentuado mucho». «La gente tiene que tomar conciencia de que estas personas están realizando una actividad ilegal, por cuanto no pagan ningún tipo de impuesto. Por otra parte están asumiendo el riesgo que para tu hijo conlleva el ponerlo en manos de un desconocido al que solamente conoces por un anuncio de internet con un teléfono de contacto», insisten para tratar de desmontar «el intrusismo que sufre el sector».