Los autónomos leoneses adelantan al año 12 millones de IVA por servicios no cobrados
Sólo el dinero que adelantan cada año los autónomos leoneses a las arcas públicas por servicios y productos que en realidad no han cobrado se sitúa en los dos últimos ejercicios en el entorno de los 12 millones de euros anuales. Una cifra que se ha incrementado con fuerza durante la crisis, mientras los plazos de pago, a pesar de la Ley contra la Morosidad, están muy lejos de ajustarse a lo exigido.
Según los cálculos de las asociaciones del sector, a nivel nacional los pequeños emprendedores «financian» las arcas públicas y las grandes empresas con alrededor de 1.000 millones de euros al año, que ellos tienen que desembolsar trimestralmente por los servicios que han realizado, aunque no los hayan cobrado aún (o no lleguen a cobrarlos nunca).
En Castilla y León la cifra ronda los 60 millones de euros adelantados en los últimos años, de ellos unos doce millones de euros de los pequeños empresarios leoneses.
La Ley contra la Morosidad que se aprobó en aplicación de una en teoría estricta directiva europea al respecto exige unos plazos de pago a empresas y administraciones que pondrían coto en buena medida a los problemas que suponen para los más débiles tener que hacer frente al adelanto de un dinero que en las actuales condiciones de liquidez y crédito difícilmente consiguen. Pero no hay sido así. El presidente de ATA reconocía hace unos días en León que pese al flagrante incumplimiento de la ley aún no se ha producido ni una sola sanción; y exigía al Gobierno que aplique a los morosos, sean empresas o administraciones, un 20% de recargo en sus pagos retrasados, como hace la Hacienda pública con los empresarios y los ciudadanos que retrasan los abonos que se les exigen.
El caso es que a día de hoy las empresas tardan en pagar los servicios que encargan a terceros una media de 215 días; mientras que en las administraciones (en buena medida gracias al enorme pulmón que ha supuesto el plan de pago a proveedores) los plazos se reducen a 163 días.
La Ley contra la Morosidad establece que las empresas deben pagar sus deudas en un plazo máximo de 60 días, y las administraciones en 30 días. Una exigencia legal que pese a estar en vigor se encuentra aún muy lejos de la realidad.