El fiscal denuncia por «prevaricación» la ampliación del Ayuntamiento

La obra de ampliación del Ayuntamiento de Villaquilambre y su polémica envolvente climática, que fue diseñada por la hoy concejala de Urbanismo de León, Belén Martín Granizo, y su marido, el también arquitecto Daniel Díaz Font, ya está en los juzgados de León, después de que el fiscal Emilio Fernández denuncie un delito de «prevaricación administrativa».

A la vista de esta denuncia, que obra en poder del Juzgado de Instrucción número 3 de León y a la que ha tenido acceso DIARIO DE CASTILLA Y LEÓN/EL MUNDO y DIARIO DE LEÓN, el magistrado reclama al Ayuntamiento que le «aporte a la causa los expedientes completos relativos a la obra de ampliación del Ayuntamiento de Villaquilambre y al proyecto envolvente climática y solar-térmica».

El juez reclama también al consistorio que le haga llegar «quiénes eran los integrantes de la Junta de Gobierno Local durante el año 2010». Información, que según las fuentes judiciales a las que han tenido acceso estos periódicos, ya ha sido entregada al titular del Juzgado de Instrucción número 3.

Un listado, con la firma del actual alcalde Manuel García y del secretario, en el que se certifica que, en el momento de la tramitación, licitación y adjudicación de la obra de ampliación del consistorio y de su envolvente climática en ese año 2010, la Junta Local de Villaquilambre estaba integrada por el alcalde, el leonesista Lázaro García Bayón; el primer teniente de alcalde y portavoz entonces del PP, Jesús García Flórez; la segunda teniente de alcalde y portavoza del PSOE, Manoli Ordás; Pilar Reguero, edil de la UPL y tercera teniente de alcalde; el socialista y cuarto teniente de alcalde, Julián Viñuela; y la quinta teniente de alcalde y concejala del PP, Milagros Gordaliza.

En la información que ya obra en poder del Juzgado, el Ayuntamiento remitió también los nombres de los concejales Fernando Viñuela de Celis (PSOE), Marcos Martínez Flórez (PP), Vicente Álvarez (UPL) y Eleuterio González (UPL), quienes también participaban en las juntas de gobierno por aquel entonces, «con voz pero sin voto».

Cabe recordar que fue el anterior alcalde García Bayón, que gobernó el consistorio desde el 2007 al 2011, gracias al pacto a tres bandas entre la UPL, PSOE y Partido Popular, quien el 17 de enero de este mismo año denunció la ampliación ante el fiscal de León, Emilio Fernández, por un lo que él consideraba entonces un delito de «malversación». Eso sí, al día siguiente, el propio Bayón se apresuró a decir ante los medios, que en lo que el adjudicó de la ampliación «no hubo malversación» y si la hubiera habido «fue antes».

El fiscal es ahora el que determina la concurrencia de un delito, el de «prevaricación administrativa», por el que el Juzgado de Instrucción número 3 abre una investigación.